Víctor Cubas - Ideeleradio
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Ideeleradio.- El presidente de la República, Martín Vizcarra, debe presentar una acción de inconstitucionalidad si es que el Congreso de la República insiste con la ley que crea el delito de financiamiento ilegal de partidos, dijo el exfiscal supremo Víctor Cubas.

“A nivel político el presidente haría bien en observar la ley y si finalmente hay insistencia, se debe plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que es la instancia en la que se tendría que definir, aunque eso demanda un considerable tiempo, pero no hay otra posibilidad frente a este intento de la mayoría parlamentaria que está incurriendo en actos abiertamente de proteger la impunidad en el país”, argumentó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio. 

El exfiscal sostuvo, en este sentido, que la mayoría fujimorista ha aprobado una norma que buscar salvar a personajes comprometidos con la corrupción, lo cual resulta sumamente grave.

“Creo que, desde hace tiempo, los movimientos políticos y los partidos políticos están comprometidos en serios actos de corrupción y de lavado de activos, y, en primer lugar, han estado en una política de negar los hechos, pero cuando ya no ha sido posible esto, están apelando a la mayoría parlamentaria para que apruebe una ley, sin escrúpulo alguno, queriendo salvar a los que están comprometidos en los actos de corrupción y esta es una situación sumamente grave”, anotó.

Doble estándar

En otro momento, cuestionó el accionar de la mayoría fujimorista frente al caso del congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, denunciado por presuntos tocamientos indebidos en agravio de una tripulante de la aerolínea Latam.

“Es una situación lastimosa y pone en evidencia este doble estándar que tiene el Congreso. Si las acciones que actualmente se le imputan al congresista Mamani hubiesen sido imputadas a un congresista que no es de la mayoría, lo hubiesen fulminado en cinco minutos; sin embargo a este congresista lo están protegiendo evidentemente y tratan de salvarlo a como dé lugar”, indicó.

“Lo que ha cometido es un delito común y debió ser puesto a disposición de la Fiscalía provincial, porque no es un delito de función para que pueda investigarlo y someterse a las investigaciones. Esto no ocurre así, porque hay evidentemente un acto de protección de los miembros de la mayoría oficialista”, refirió.

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