Stuardo Ralón Orellana - Tribunal Constitucional (Foto: Ideeleradio)
Stuardo Ralón Orellana - Tribunal Constitucional (Foto: Ideeleradio)

 

Caso El Frontón

Ideeleradio.- Las medidas provisionales que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la estabilidad de los magistrados del Tribunal Constitucional siguen vigentes, advirtió Stuardo Ralón, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para el Perú.

Fue al comentar la información que refiere que el Congreso de la República pretendería desacatar el archivamiento del caso El Frontón para acusar constitucionalmente al magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña y sancionarlo con una inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública, además de tres años de cárcel efectiva.

“Sobre ese caso [El Frontón], indicar que la Corte Interamericana había emitido ya sentencia en el caso El Frontón, y, posteriormente, emitió unas medidas provisionales. Las medidas provisionales que emitió en el marco del seguimiento de esa sentencia es garantizar la estabilidad de los magistrados del TC mencionados en esas medidas para garantizar que la investigación de los hechos pudiera realizarse”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.  

“Esas medidas provisionales, en el marco del seguimiento de las sentencias, son medidas provisionales, que están vigentes”, remarcó.

Cabe indicar que la Corte IDH requirió, el 8 de febrero del 2018, al Estado del Perú que archive el procedimiento de acusación constitucional seguido ante el Congreso de la República contra los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.

Dos eventos

El integrante de la CIDH indicó, en ese sentido, que hay dos situaciones que darían cuenta de que hay sectores que estarían buscando cambiar la correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional (TC) por motivaciones muy probablemente políticas

“Pareciera que acá lo que estamos viendo es que —a semanas que se cumpla la fecha en que debe ser proclamado quien ha ganado las elecciones en Perú, a semanas que va a finalizar este periodo de lo actuales miembros del Congreso— se está buscando cambiar la correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional por motivaciones muy probablemente políticas”, indicó.

“Vemos dos eventos que están relacionados: primero, [lo que se ha hecho es] desobedecer una orden de una juez que detiene la elección del TC, y a pesar de ello se llevaron a cabo las sesiones [en el Congreso], se votó; y ahora [lo que hacen es] pretender en estas semanas el conocer una causa [caso El Frontón], que iría en contra de la medida provisional que otorgó la Corte Interamericana”, argumentó.

No por cuestiones políticas

Ralón Orellana aclaró, en ese sentido, que no se puede remover a un miembro de una alta judicatura por cuestiones meramente políticas. Estimó que para la salida de un magistrado tiene que haber situaciones jurídicas muy especiales.

“Recordemos […] la posición que la Comisión Interamericana ha tenido en los informes temáticos para los operadores de justicia […] y hay jurisprudencia en el Sistema Interamericano de que para remover a un miembro de la judicatura —y en este caso del TC— no debe obedecerse a procesos meramente políticos. Tiene que haber situaciones jurídicas muy especiales en los cuales tienen estos [los magistrados] que tener un derecho de defensa, un debido proceso. No puede ser una decisión eminentemente política”, explicó.

“Acá vemos que, a marchas forzadas, en contra de una medida provisional de la Corte se pretende avanzar, según lo que algunas denuncias hemos recibido. [Si se avanza, esto implicaría] una situación que sería, pues obviamente contraria a la jurisprudencia y a los estándares interamericanos”, anotó.

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