Magali González - Ideeleradio
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La Ley Orgánica

Ideeleradio.- Es necesario que los puestos de adjuntos y adjuntas sean sometidos a concurso público para encontrar a las personas más idóneas, que cumplan con el clasificador de cargo y tengan la formación ética y profesional que refleje el espíritu de la institución, enfatizó Magali González Manco, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo.

“Lo primero que hay que señalar es que la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo exige que los puestos de adjuntos, adjuntas al defensor, sean sometidos a concurso público. ¿Y por qué?, porque se supone que tenemos que lograr que ingresen a la Defensoría del Pueblo a dirigir las líneas de acción de la institución, las personas más idóneas, las personas que estén mejor capacitadas”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Lo que hemos visto nosotros como sindicato […] es que se ha establecido una práctica constante desde la gestión anterior del doctor Walter Gutiérrez de mantener los puestos de adjuntos bajo la figura de confianza, y eso realmente debilita la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo y por eso siempre hemos solicitado que se sometan a concurso”, acotó.

Debilita la institucionalidad

González Manco recordó que dicho gremio ha emitido diversos pronunciamientos reiterando el mandato de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo para que haya un concurso público de selección de adjuntos y no designación como cargo de confianza.

“Precisamente, para nosotros, esa [modalidad de cargo de confianza] es una práctica que para nosotros es contraria a la ley orgánica y que, además, debilita la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo y, en ese sentido, el sindicato se ha pronunciado varias veces, a través de cartas, a través de comunicados”, dijo.

“Incluso en medios de comunicación nuestra secretaria general anterior Lily Ku lo ha mencionado en entrevistas también, la necesidad de que estos puestos sean convocados por concurso público y sean sometidos a un proceso adecuado en donde realmente encontremos a las personas más idóneas, que no solamente cumplan con el clasificador, sino que también tengan la formación ética y profesional que refleje el espíritu de la Defensoría del Pueblo”, añadió.

Tiene la oportunidad

Remarcó, en ese sentido, que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, tiene la oportunidad de corregir lo que ocurrido en anteriores gestiones y convocar a concurso público en los casos previstos por la norma.

“Por el contrario, si ha habido un error en la manera cómo se ha gestionado la Defensoría del Pueblo antes, es oportunidad del actuar defensor, de la actual gestión, poder corregirlo y fortalecer más bien la institución en ese sentido”, sugirió.

“Es justamente la oportunidad que tiene el defensor actualmente, en lugar de repetir una práctica que no nos está abonando en mantener además una línea institucional, porque nos hace poder cambiar de adjuntos cada cierto tiempo, cuando por concurso público el periodo de un adjunto es de tres años, nos da una estabilidad de tres años con la conducción de una persona realmente capacitada para dirigir bien”, apuntó.

Clasificador de cargo

La lideresa sindical cuestionó, además, que el clasificador de cargo, que es el instrumento interno que define los perfiles de cada puesto de entrada de la institución, haya sido modificado recientemente. Explicó que, según lo señaló el jefe de personal, esto se hizo a solicitud de la alta dirección de la Defensoría.

“Y la modificación específica que se ha hecho con relación al puesto de adjunto, es eliminar el requisito de cuatro años de experiencia en público. Eran tres requisitos, un requisito de experiencia general, un requisito de experiencia específica en el tema específico que se convoca, porque digamos hay adjuntías en constitucional, derechos de la mujer, servicios públicos, administración estatal, derechos humanos, corrupción, etcétera”, sostuvo.

“Y había un requisito específico de una experiencia mínima de cuatro años en el sector público. Este requisito se ha eliminado en el clasificador de cargo. Se eliminó a través de una resolución que se emitió el día 5 de septiembre y el día 7 de septiembre, se emitió la resolución con la cual nombra a la doctora Elizabeth Zea Marquina como asesora II de la primera adjuntía y se le encarga la Adjuntía de Asuntos Constitucionales”, mencionó.

Criterio técnico

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo indicó, finalmente, que no hay ningún criterio técnico que respalde la eliminación del requisito de cuatro años de experiencia en el sector público que contemplaba el clasificador de cargo.

“No se ha dado ningún argumento técnico para eso. Lo que ha mencionado el defensor en una declaración que dio en Pucallpa es que lo único que ha hecho la institución es adecuar el perfil a lo que establece la Ley de idoneidad. Y eso no es una precisión correcta porque la Ley de idoneidad establece un piso para el nombramiento de funcionarios de confianza, y es un piso para todo el sector público, desde municipalidades hasta órganos constitucionalmente autónomos. Eso no significa que todos los perfiles de cada entidad deban adecuarse a ese piso que es el mínimo”, sustentó.

“La Defensoría del Pueblo tenía un perfil y un clasificador de cargo establecido en función de lo que se necesita justamente para dirigir una adjuntía y cada uno de los puestos dentro de la entidad. Entonces, para reducir esos requisitos, en realidad lo que estamos hablando es de disminuir o atentar o afectar con el alto estándar de un profesional que trabaja en la Defensoría y no ha habido ningún criterio técnico para sostener eso, para sostener por qué se está eliminando el requisito de cuatro años de experiencia en el sector público”, agregó.

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