Samuel Abad - Ideeleradio
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Vía proyecto de ley

Ideeleradio.- Nadie duda de que hay que proteger a la Policía cuando actúa correctamente, pero la llamada Ley de protección policial debe ser derogada porque es inconstitucional, sostuvo Samuel Abad, exadjunto en Asuntos Constitucionales y ex primer adjunto de la Defensoría del Pueblo.

“Este es un proyecto del Congreso anterior y que fue aprobado con un dictamen favorable de la Comisión de Defensa, que en ese momento presidía Jorge del Castillo. […] En consecuencia, yo no veo ningún problema para que se presente un proyecto de ley que derogue esta norma”, dijo en diálogo con Ideeleradio.

“Eso lo podría hacer cualquier grupo parlamentario que presente un proyecto de ley, que el congreso la evalúe, y, en consecuencia, derogue una norma que no tiene sentido y es inconstitucional”, refirió.

El juez y no el Congreso

Abad Yupanqui sostuvo que nadie duda de que a la Policía se le debe respetar, pero apuntó que de lo que se trata de evitar es que haya un uso desproporcional de la fuerza. El jurista describió algunos aspectos en los que la norma aprobada por el Congreso es inconstitucional.

“Es una norma inconstitucional. En primer lugar, porque no respeta el principio de culpabilidad, toda persona que es responsable debe ser sancionada y lo que trata de establecer esta norma es una interpretación a favor de los policías cuando eventualmente puedan comentar un exceso”, indicó.

“Nadie duda de que hay que proteger a la Policía cuando actúa correctamente, pero cuando se comenten excesos sea un policía, un funcionario público, un particular, a quien le corresponde determinar si hay un exceso es al juez y no al Congreso”, subrayó.

Igualdad y proporcionalidad

Finalmente, consideró que la Ley N.º 31012 afecta el criterio y la independencia de los jueces. Cuestionó, igualmente, que dicho dispositivo elimine el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de la Policía.

“En segundo lugar privilegia solamente a un sector de los funcionarios, pues está referida únicamente a la fuerza policial y las normas se deben aplicar por igual a todos. En tercer lugar, afecta el criterio que corresponde a los jueces, porque al disponer que no cabe prisión preventiva le está arrebatando la función que le corresponde a los jueces, que son independientes

“Esta norma deroga o deja en suspenso el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza que está previsto por un decreto legislativo precisamente sobre el uso de la fuerza por parte de la policía, o sea no tiene sentido que se elimine una norma de este tipo porque es obvio que todo uso de la fuerza debe ser proporcional, por eso creo que haría bien el Congreso en revisar esta norma a través del proyecto de ley correspondiente y derogarla”, subrayó.

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