Jorge Luis Salas Arenas - Tribunal Constitucional (Fotos: Ideeleradio)
Jorge Luis Salas Arenas - Tribunal Constitucional (Fotos: Ideeleradio)

 

La doctrina y la Corte IDH

Ideeleradio.- Creo que algunos de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) no se ubican adecuadamente en el tema del juicio político, opinó Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras recordar que la doctrina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han establecido que los jueces, incluso los que ven temas electorales y constitucionales, no pueden ser objeto de juicio político para proteger su independencia.

Fue al referirse a la sentencia del TC que anula la votación del Congreso que permitió crear la comisión investigadora del supuesto fraude en las elecciones del 2021, pero señala que el Parlamento “está habilitado constitucionalmente, dentro de sus competencias, para el ejercicio del control político, que comprende, a su vez, el inicio de investigaciones sobre cualquier asunto de interés público”.

“Los jueces, todos, tienen o tenemos una protección especial en cuanto al tema de la independencia, y por eso se dice con toda claridad que el juicio político no corresponde a los jueces de ninguna clase. Tampoco a los miembros del TC, que son jueces constitucionales, aunque ellos lo reclamen, lo aplaudan, y deseen que los juzguen políticamente. Ellos pueden querer todo lo que quieran, pero lo que dice la doctrina y lo que dice la propia Corte Interamericana es que ellos tampoco pueden ser objeto de juicio político racionalmente”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Es decir, ¿la sentencia del TC no es un llamado de atención si no termina siendo un aval para la arremetida del Congreso frente al JNE?] Exactamente. Entonces, por eso había que leer su contenido. Cuando me dijeron inicialmente, bueno eso significa que hay imparcialidad en el Tribunal Constitucional, yo creo que algunos de sus miembros no se ubican adecuadamente en la materia, y están siendo parte de ese proyecto que hemos conversado hace un momento, porque lo han reclamado un par de congresistas, yo diría que un trío de congresistas ha dicho tenemos que encontrar la forma constitucional de deshacernos del presidente del JNE y eso precisamente es lo que quieren hacer”, puntualizó.

Control político

Salas Arenas cuestionó, en ese sentido, que al resolver la demanda competencial del JNE contra el Legislativo, el TC deje sentado que los jueces electorales pueden ser y deben ser objeto de control político. Dijo también que no tenía sentido que el TC se pronuncie cuando la comisión investigadora ya había dejado de funcionar.

“La comisión [investigadora] que se creó en ese momento y empezó a funcionar de mala forma, con efectivamente elusión del deber de pronunciarse sobre el retiro del sentido de la votación de un congresista y su cambio por abstención, un retiro que nunca quisieron tocar, ya fue innecesario someterlo a pronunciamiento del TC, porque el Parlamento lo cerró, les dijo que no iba más la comisión, no le aprobaron sus recomendaciones, se acabó. Ya no era necesario, y el Tribunal Constitucional dijo que no había posibilidad de no dejar de pronunciarse sobre el fondo”, refirió.

“Entonces, esta ha sido una oportunidad adicional del TC para dejar sentado lo que viene diciendo, que los jueces electorales pueden ser y deben ser objeto de control político, porque nadie está exento del control político, cuando precisamente la modernidad en el entendimiento del concepto de la independencia judicial y dentro de los cuales se inscribe el Jurado Nacional de Elecciones, porque somos jueces electorales, todos los que lo componemos, los cinco miembros, nos hace colocarnos en la punta del del iceberg”, agregó.

Sistema electoral

Hizo alusión, además, que en su momento advirtió que un “político connotado” señaló que la estrategia de determinados sectores incluye la posibilidad de separar de sus cargos al actual presidente del JNE y al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe). Criticó que se pretenda someter al sistema electoral, con apariencia de legalidad, al juicio político.

“Y los esfuerzos que están desplegando, desarrollando con el objeto de separar por lo menos a su presidente de momento no tienen otro afán que el dejar sentado en ejecución de ese plan que ya hemos comentado hace un momento, que se puede y se va a someter al sistema electoral con la apariencia de legalidad que tiene el juicio político”, manifestó.

“En la competencial que resolvieron [los del TC] se pronuncian sobre mí en particular, diciendo que Salas Arenas es juez de la Corte Suprema y como juez de la Corte Suprema está sometido a los quehaceres del juicio político. Bueno, el Tribunal Constitucional con otra composición desde luego, en el año 2013, sugirió que se modificara el artículo 99 para facilitar el privilegio del antejuicio político, pero no del juicio político”, precisó.

Antejuicio político y juicio político

Salas Arenas indicó, a renglón seguido, que no se está haciendo una correcta diferenciación entre lo que es el antejuicio político y el juicio político. Alertó que en el caso del juicio político un juez podría ser sometido a una medida de disciplina en el Congreso con el propósito de inhabilitarlo de la función solo con votos.

“Es que es un poco complicado para los las personas que no conocen el tema. ¿Cuál es la diferencia entre juicio político y antejuicio político? El antejuicio político es una especie de cuestión previa, es decir, antes de ser procesado penalmente, que sea el Congreso el que evalúe la denuncia que se quiere formalizar, para liberar a los altos funcionarios de denuncias espurias, perversas, malévolas”, expuso.

“Ese es el privilegio del antejuicio, pero los caballeros del Tribunal Constitucional del año 2022 y 2023 han dicho no, antejuicio y juicio político. Y el juicio político no es un privilegio, es más bien una medida de disciplina, someter al juez a una medida de disciplina con el riesgo, con el propósito de inhabilitarlo, de despedirlo de la función solo con votos. No se necesita más”, remarcó.

El Poder Judicial

El magistrado consideró que lo que podría pasar con el sistema electoral es “así de grave” como el caso de la exmagistrada Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada de la función pública por tener un criterio jurídico o funcional. Esbozó también algunas hipótesis de por qué no se ha pronunciado la Sala Plena de la Corte Suprema.

“Yo no he preguntado, no he tocado el tema, pero yo intuyo que la mayoría ha pensado que, si en algún caso tuvieran que pronunciarse sobre esa materia, quedarían impedidos, por adelantar opinión. Yo intuyo, porque dentro de este grupo de jueces hay gente que tiene claro —según creo yo— la trascendencia y la importancia que tiene la independencia judicial. Yo estoy seguro”, aludió.

“Es también una posibilidad de alta connotación [que no quieran pronunciarse por el riesgo de ser sometidos a los fueros del Congreso]”, acotó.

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