Jorge Luis Salas Arenas - Ideeleradio
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Cumpliré mi deber

Ideeleradio.- Espero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acoja la solicitud que presentó la Comisión Interamericana (CIDH) de medidas provisionales frente a la gravedad de los sucesos, dijo Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al referirse a las amenazas y los actos de hostigamiento que ha recibido.

Fue al referirse al pedido que tramitó la CIDH el 18 de julio pasado para que se otorguen medidas provisionales a favor de Salas Arenas y su núcleo familiar para proteger sus derechos a la vida y la integridad personal, pues “viene siendo objeto, de campañas de acoso, estigmatización y cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales y de actos de intimidación, doxing, hostigamiento y amenazas de muerte”.

“En mi caso concreto, el ánimo [de quienes realizan este acoso] es que, por temor, abandone mi desempeño funcional. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar, porque yo tengo deberes que he jurado cumplir y tengo que cumplirlos. Y por eso es que he acudido a quien puede ser oído de mejor manera que sería la Corte Interamericana, que ojalá acoja el planteamiento teniendo en cuenta la inminencia y la gravedad de los sucesos”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es así [hay una convicción en la Comisión Interamericana sobre el riesgo], porque la Comisión señaló que debía garantizarse la integridad personal y familiar del presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que continúe desarrollando su labor en paz, sin hostilizaciones, sin acosamientos”, detalló.

La investigación

Salas Arenas recordó, asimismo, que la CIDH emitió el 25 de julio de 2021 la Resolución 56/21, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección, pero también dispuso que se investiguen los hechos.

“[Se] dispuso que se investigara los acosamientos, las hostilizaciones, las agresiones, que se han suscitado, para efectuar como es lógico, en el Perú, después de las indagaciones, los procesamientos correspondientes, y en su caso, adoptar las medidas punitivas pertinentes. Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir, al parecer, porque ya nos ha dicho a todos los peruanos el señor Ayachi que él cuenta con el Congreso”, mencionó.

“Quienes los respaldan [a estos grupos] formal y materialmente son, pues, los que se toman las fotografías, los invitan a sus eventos, asisten a los eventos que ellos organizan, y publican y publicitan lo populares que son con determinadas personas que desempeñan funciones trascendentes en el Estado. Bueno, esa es la realidad”, lamentó.

La concepción de la Fiscalía

En otro momento, se refirió a la interpretación de las normas que hacen algunos miembros del Ministerio Público respecto a los hechos que se vienen denunciando públicamente. Salas Arenas, quien además es juez supremo, estimó que “hay una concepción equivocada de lo que es libertad de expresión y lo que es expresión de discurso de odio”.

Subrayó, en ese sentido, que el discurso de odio está proscrito y que constituye delito en algunas realidades nacionales cercanas. Al mismo tiempo, hizo hincapié en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene sobre pronunciamientos claros y taxativos el particular.

“El discurso de odio no genera un ambiente de paz y el discurso de odio que, además, está matizado con amenazas de muerte constituye un acto de acosamiento que está previsto en el artículo 151-A del Código Penal, pero algunos fiscales consideran que se trata de demostraciones de libertad de expresión, y que [según ellos] los actos de acosamiento son actos, en todo caso, de difamación, de interés privado”, refirió.

“Si se instala la normalización del discurso de odio y de las amenazas, yo creo que el porvenir del país es poco halagüeño. Y de lo que se trata más bien es de que la gente viva en un ambiente de paz y desarrolle su función sin temor”, precisó.

Un anuncio

Finalmente, advirtió que las amenazas están pasando ya de ser un dicho o una bravata a convertirse más bien en un anuncio. Enfatizó que no es razonable que ninguna autoridad en el Perú o en cualquier lugar del mundo, sobre todo democrático, sea objeto de acosamientos y amenazas para perturbar su labor e incluso para pedir que deje de dirigir una institución, como el JNE.

“Lamentablemente en el país, hay grupos que tienden a convertirse en milicias paralelas, que tienen el respaldo de algunos importantes políticos, de algunos importantes mandos policiales, nutridos además de exmiembros de las Fuerzas Armadas”, indicó.

“Hay un señor que ayer ha ido a [el jirón] Lampa a gritar incendios, a pedir que hay que asesinar, y luego dijo, las ideas para pasar por agua tibia su gravísima amenaza. Ese señor — digo— es un exmiembro del Ejército peruano. Entonces, esto está pasando ya de ser un dicho, una bravata a convertirse más bien en un anuncio. Y es lamentable que la tolerancia a esa conducta se haya instalado en el país”, sentenció.

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