Romy Chang - Ideeleradio
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No se puede buscar influir

Ideeleradio.- La conversación de WhatsApp entre Roxanne Cheesman y Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, complica su situación y abre una serie de preguntas legales en torno a ese diálogo sostenido el 17 de abril del 2019, día en que se suicidó el líder aprista Alan García, opinó la abogada Romy Chang.

“Yo creo que se ha complicado innecesariamente, porque ella también está siendo investigada por un tema de [supuesto] lavado, si mal no recuerdo. Entonces, al presentar un chat de esa naturaleza, lo que ella está mostrando es que ella sí tenía contacto con Barata, y que, además, tenía contacto con Barata pleno, o sea Barata le contesta”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Y eso de alguna manera muestra que ella estaba buscando que el testigo declarara algo que era favorable para ella, para Alan García o el partido, da exactamente igual. ¿Eso es algo que se puede hacer en el marco de una investigación? La respuesta es no. No se puede estar buscando influir en el testigo”, aseveró.

Chang Kcomt dijo que la situación se complica solo con analizar el hecho de la intención. No obstante, mencionó que Jorge Barata no cumple con el compromiso que asumió en la conversación con Roxanne Cheesman.

“Lo cierto es que —y creo que eso de alguna manera la ayuda a ella— finalmente Barata no dijo o que se había comprometido a decir en el chat. […] Finalmente, lo que ha dicho es que Nava y el otro eran los Maiman de Alan, y ‘Maiman’ significa testaferro básicamente, haciendo un símil con otro caso”, refirió.

“Basta con el hecho de intentarlo, yo creo que por eso complica su situación en el caso. El fiscal podría decir, oiga usted ha estado tratando de obstaculizar esta investigación, además [podría decirle] muéstreme el teléfono. [Podría preguntar] ¿usted se ha seguido comunicando con Barata?, porque si lo hizo una vez, no sabemos cuántas veces lo haya querido hacer”, subrayó.

Se abren un montón de preguntas

Apuntó que el diálogo abre muchísimas preguntas respecto al contexto en que se desarrolló la misma, el día en que García Pérez tomó la decisión de quitarse la vida. Argumentó que la conversación daría cuenta de una situación singular y de que la expareja del expresidente habría tenido una participación activa.

“Salen muchísimas preguntas, se abren un montón de preguntas. La lógica nos dice que, si uno atraviesa una situación tan penosa, la primera cosa que hace [ella] es llamar al testigo para decir mira lo que ha hecho, no vayas a decir nada malo. Yo creo que eso no es muy lógico, el pensar en el tema judicial es un poco raro”, manifestó.

“Su participación es activa. No es lo que inicialmente se nos quiso decir que ella era la pareja del señor García, que no tenía ninguna participación en el tema y que estaba ajena a todas estas cosas, pero bueno vamos viendo que surgen algunos elementos que nos hace pensar que tal vez eso no sería tan así, y que no era una participación un poco activa en el asunto”, apuntó.

Ley vigente: extinción de dominio

Por otra parte, hizo alusión a la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, que se creó por Decreto Legislativo N° 1373, publicado el 4 de agosto del 2018. Señaló la hipótesis de que los bienes de un investigado pueden ser incautados si se demuestra su origen ilícito.

“Hay que tomar en cuenta que la normativa que tenemos en nuestro país permite que el Estado peruano incaute bienes o se quede con bienes que se demuestre que han sido obtenidos producto de un dinero ilegal”, señaló.

“Si se demostrara que los bienes que ella tiene han venido producto de dinero ilegal o de aportes de Odebrecht -que no tenían por qué darse- en un marco de ilicitud, tranquilamente procedería la ley de extinción de dominio, y perdería la propiedad sobre esos bienes también”, mencionó.

Precisa consecuencias

Explicó, finalmente, que los que participan del chat no podrían ser acusados por supuesta organización criminal. Agregó que la implicancia podría ir en la consideración de una eventual medida limitativa.

“Yo creo que más que un delito en concreto que se generaría producto de esta actuación, lo que se está evidenciando es un mecanismo coordinado de defensa, que busca ir obstaculizando e ir bloqueando las acciones del Ministerio Público, y eso puede recaer más bien a nivel de las consecuencias respecto a medidas como una prisión preventiva o impedimento de salida, pero en sí mismo tampoco es que podemos decir que se han organizado para bloquear”, consideró.

“Yo creo que se está obstaculizando la investigación, y eventualmente eso puede generar algunos delitos, pero organización criminal yo creo que no. [¿Podría ir por el lado de obstaculización?] Claro, u ocultamiento de pruebas”, concluyó.

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