Rolando Luque - Ideeleradio
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El problema agroindustrial

Ideeleradio.- En el caso del sector de los trabajadores agrarios, la Ley de Promoción Agraria no fue sometida en su momento a una evaluación ni se evalúo su pertinencia actual, y se excluyó a los propios afectados de la discusión sobre el contenido de las normas, dijo el adjunto para Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque.

Fue al referirse a la protesta en Ica, donde trabajadores de empresas agroexportadoras bloquean tramos de la Panamericana, reclamando mejoras salariales y óptimas condiciones laborales.

“Han fallado dos cosas, la evaluación misma de la norma y de su pertinencia actual. Y, en segundo lugar, los canales de comunicación con los trabajadores, donde ciertamente la cosa no es sencilla, porque incluso lo observamos aquí mismo en esta protesta en Ica, donde es muy difícil identificar a los dirigentes, porque no están organizados”, explicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Hace 20 años

Luque Mogrovejo consideró que si bien la movilización en Ica es nueva, la problemática que subyace a la protesta en Ica viene de tiempo atrás. Apuntó que hubo un problema de evaluación del contenido de la norma y su pertinencia actual.

“Estamos hablando de una ley que tiene 20 años, y que, sin embargo, no fue sometida en su momento a una evaluación, porque hemos ido pasando en términos económicos de un momento a otro en las relaciones laborales, en el crecimiento, y eso siempre amerita que se puedan revisar en qué término se planteó esa ley en su momento y qué objetivos tenía, y qué es lo que viene ocurriendo en la actualidad”, declaró.

Indicó, del mismo modo, que que debería desterrarse esa práctica de no considerar en la discusión del contenido de las normas a los propios afectados.

“Creo que hay una práctica que debería desterrarse, que es la de excluir a los propios afectados de la discusión sobre el contenido de las normas. nos pasó ya en su momento con la Ley del empleo juvenil, la llamada Ley Pulpín, que fue aprobada en el Congreso, de la noche a la mañana, sin haber realizado ningún tipo de consulta a los propios jóvenes”, puntualizó.

Interpretación constante

En otro momento, lamentó que muchas veces en nuestro país se adopten normas sin tener un análisis completo de la realidad. Indicó que para evitar los conflictos se requiere por parte de las autoridades un gran esfuerzo de interpretación constante.

“En muchos casos, hay una desconexión entre la institucionalidad formal que produce leyes [Congreso] o que toma decisiones desde el Ejecutivo y lo que viene ocurriendo en términos sociales en cada lugar. Esta falta de análisis de la realidad misma lleva a tomar decisiones en términos puramente normativos, cuando la realidad puede estar indicando una cosa distinta”, manifestó.

“El Perú es tan diverso y tan complejo que requiere un esfuerzo muy grande de interpretación constante, y si eso no se hace en los niveles Legislativo y Ejecutivo, de pronto nos damos con una especie de mala sorpresa de saber que se han ido incubando experiencias negativas en las relaciones laborales de la empresa con los trabajadores, que de pronto aparecen, como es lo que estamos viendo en el caso de Ica”, subrayó.

La informalidad

Dijo que no existe ninguna justificación para que las empresas agroindustriales establezcan relaciones de informalidad. Indicó, además, que es inaceptable que grandes corporaciones recurran a services.

“En el caso de las empresas agroindustriales sobre todo en las más grandes, no hay ninguna justificación para que se establezcan relaciones de informalidad, cuando sus ingresos y las ganancias que perciben hacen relativamente sencillo atender a las demandas de los trabajadores”, remarcó.

“Hay empresas que podrían realizar contrataciones directas, porque tienen la posibilidad de implementar en sus propias empresas equipos encargados de la identificación y contratación de los trabajadores que necesitan, no hace falta que recurran a services o en algunos casos a intermediarios que ni siquiera están formalizados. Ese grado de informalidad en industrias que están en una buena situación económica a nosotros nos parece inaceptable. […] Estos temas tienen que examinarse y rápidamente”, apuntó.

Autoconciencia

Finalmente, consideró que las propias empresas deberían ser conscientes del problema en un contexto en el hay debilidad en el sistema de fiscalización laboral.

“Creo que las debilidades de fiscalización del Estado no pueden justificar la omisión del cumplimiento de las normas. Eso lo hemos venido viendo a lo largo de todos estos años. […] Si bien el Estado, por obvias razones no puede desplegar un ejército de fiscalizadores existe lo que se llama la autoconciencia del problema para poder enfrentarlo, […] por un asunto eminentemente practico, que es no embalsar el malestar”, declaró.

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