Edwin Alejandro Berrospi - Ideeleradio
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Respetar las decisiones

Ideeleradio.– El Poder Ejecutivo debe fortalecer al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y respetar la ley de consulta previa, sostuvo Edwin Alejandro Berrospi, coordinador del Área Socioambiental de la Red Muqui, tras considerar que el Estado tiene que escuchar las demandas de la población.

“[El Gobierno] lo primero que tiene que fortalecer es a la OEFA para hacer una vigilancia. Tiene que aplicarse la ley de la consulta previa. ¿Para qué ha sacado una norma de la consulta previa si no lo va a implementar? Entonces, lo que queremos es que se implemente la consulta previa, que se respete las decisiones de las comunidades y poblaciones que están en riesgo cuando se dan las operaciones mineras”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

El especialista subrayó, en ese sentido, que se debe aceptar la decisión que tomen las comunidades, en el contexto de la aplicación de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Hay muchos proyectos mineros que están [poniendo] en riesgo porque si se dan estos proyectos mineros se van afectar poblaciones, se van a afectar comunidades. Entonces, ellos [los pueblos] dicen en muchos de los casos que se respete su voluntad de ellos”, refirió.

“Muchos proyectos han dicho que hacemos nuestra consulta ciudadana o nuestra consulta popular para decirle sí o no al proyecto minero. Entonces, el Estado tiene que aceptar las decisiones de las poblaciones, respetando sus modos de vida. No pueden imponerse, no se puede criminalizar a los líderes. El Estado tiene que escuchar las demandas de las poblaciones”, anotó.

Sistemas de fiscalización

En otro momento, el experto lamentó que los sistemas de fiscalización ambiental hayan sido debilitados. Remarcó que el gran desafío es que se proteja el derecho a la consulta de las comunidades.

“Los sistemas de fiscalización ambiental han sido debilitados. Por ejemplo, en pandemia, no había una fiscalización para las operaciones mineras, y las empresas se han aprovechado para poder sacar los permisos, para poder tener el acceso a la famosa consulta ciudadana […] y las comunidades no han tenido acceso al internet para informarse de todo lo que estaba viniéndose” explicó.

“En ese sentido, el gran problema y el gran desafío de las poblaciones es que se proteja y que se respete las decisiones de ellos. Todos estos proyectos, por ejemplo, no tienen una licencia social. Entonces, ¿qué va a venirse en adelante?; va a ser, justamente, los conflictos sociales. Entonces, ese es un problema que tenemos que cuidar”, añadió.

Las cabeceras de cuenca

Finalmente, cuestionó que la Autoridad Nacional del Agua se haya demorado tres años en implementar el marco metodológico para identificar, delimitar y zonificar las cabeceras de cuenca. Subrayó, asimismo, la necesidad de proteger lo poco que existe de agua en las cabeceras de cuenca.

“Existe una Ley de Recursos Hídricos, la 29338. Hay una ley de cabeceras de cuenca que le dio potestad a la Autoridad Nacional del Agua para que en un año pueda sacar una ley de marco metodológico para identificar, delimitar y zonificar las cabeceras de cuenta, pero ellos se han demorado tres años para sacar ese lineamiento. ¿Qué implica eso? Que es tan débil, imposible casi —por decirlo— de aplicarlo para la protección de las cabeceras de cuenca”, refirió.

“En ese sentido, como está débil este marco, para nosotros sería lo ideal que se haga una protección estricta de las cabeceras de cuenca. Y todas las concesiones mineras justamente están ubicadas en estas cabeceras de cuenca. Entonces, lo que se pide es cómo tenemos que proteger lo poco que existe de agua en las cabeceras de cuenca”, concluyó.

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