Miguel Guimaraes - Ideeleradio
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El decreto y el contrato

Ideeleradio.- El Estado ha actuado de mala fe en el proceso de consulta del lote 200, porque no se está haciendo el análisis detallado del contrato mismo de exploración y explotación de hidrocarburos ni a través de las organizaciones representativas, denunció Miguel Guimaraes Vásquez, presidente de la Federación de Comunidades de Ucayali (Feconau).

Fue al recordar que existen 11 comunidades afectadas por el mencionado proyecto, tanto de los pueblos shipibo-conibo y asháninca, que rechazaron en una última asamblea, convocada por la empresa estatal Perupetro, la manera en que el Estado ha venido conduciendo la consulta.

“Es prácticamente un formalismo que el Estado está haciendo para seguir otros procedimientos. Nosotros somos conscientes que en las comunidades no hay información, y el domingo [23 de febrero] se ha tomado la decisión de pedir que se regrese de la etapa 5 a la etapa 3. ¿Cómo es posible que en este siglo el Estado pueda seguir sorprendiendo a las comunidades?”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Una hoja con dos caras, que es el decreto que aprueba el contrato, no dice nada. Lo que sí exigimos las organizaciones indígenas y las comunidades involucradas en el lote 200 es que el Estado pueda actuar de buena fe y entregarnos la información real para que finalmente las comunidades puedan tomar su decisión. Nosotros creemos que el Estado no ha actuado de buena fe”, refirió.

Transparencia y publicidad

Guimaraes Vásquez argumentó, además, que el Estado ha entrado a dialogar con las comunidades, desconociendo la estructura orgánica que existe. Subrayó que estas consideran que es necesario retroceder la consulta a su tercera etapa: la de transparencia y publicidad.

“Queremos que el Estado actúe de buena fe, de manera transparente, eso es lo que no ha pasado, porque el Estado ha entrado con engaños. Dicen que van a entrar con beneficios directos a las comunidades, y eso no está en ninguna ley”, aseveró.

“El Estado ha entrado desconociendo la estructura orgánica que existe, porque el Convenio 169 dice que la consulta tiene que hacerse a través de las organizaciones representativas y eso no ha pasado. Nosotros no queremos que sucedan casos como en Loreto”, acotó.

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