Pedro Grández - Parlamento (Foto: Congreso)
Pedro Grández - Parlamento (Foto: Congreso)

 

El próximo Congreso

Ideeleradio.- Tras la decisión del Congreso de continuar con la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), pese a la medida cautelar dictada por el Poder Judicial, se ha configurado un delito de función que podría llevar a que el próximo Parlamento defina una inhabilitación, aseveró el constitucionalista Pedro Grández.

Fue al considerar que no solo el Ministerio Público tiene todos los elementos para proceder, sino también el nuevo Legislativo.

“Es un camino muy complejo el que ha optado la mayoría del Congreso, porque la violación a la independencia de los jueces, el desacato —que ya es una figura penal— se ha consumado con ese acto de ir a la votación. Yo diría que el Ministerio Público tiene todos los elementos hoy día para proceder, pero no solamente el Ministerio Público”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Indicó que el Parlamento podría incluso definir una inhabilitación para el ejercicio de un cargo público, al considerar que los hechos configuran un delito de función.

“Ahí hay una discusión si es un delito de función o no. Yo sí creo aquí que hay un delito de función, porque el delito solo se va a poder concretar en la medida que ellos han tomado decisiones en su condición de funcionarios congresistas. O sea, hay algunos colegas que están sosteniendo que no es un delito de función y que, en consecuencia, no les alcanza la inmunidad. Yo creo que esto es un caso para el próximo Congreso”, explicó.

“El próximo Congreso va a tener que levantarles esa protección y puede incluso hasta inhabilitarlos para la función pública, que podía ser la lección más razonable para este tipo de comportamientos abiertamente desafiantes de la independencia judicial, del respeto a la Constitución”, anotó.

El constitucionalista remarcó, asimismo, que tiene que haber consecuencias jurídicas tras el proceder del actual Congreso.

“De manera que por ese lado hay unas consecuencias jurídicas que tienen que darse, porque tenemos que dejar constancia de la defensa institucional del Estado constitucional”, sostuvo.

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