Ideeleradio.- Necesitamos que el Ministerio de Justicia adopte medidas efectivas de protección ante las amenazas que venimos recibiendo por parte de la minería ilegal, planteó Hortez Baitug, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc).

Fue al referirse a la activación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos.

“Estoy de acuerdo [porque se active el protocolo de defensa de los derechos humanos] porque ahí trata sobre la defensa de los defensores ambientales por parte del efectivo policial para que pueda defender a los defensores. Tengo una reunión en el Ministerio de Justicia y voy a pedir que se tome cartas en el asunto por la situación extrema en que estamos y se nos proteja”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Nos están hostigando fuertemente. Nos han llegado a tocar la puerta, y si no atendemos sus peticiones ellos intentan desalojarnos. Vivimos en una amenaza permanente”, sostuvo.

Recibimos amenazas de muerte

El representante de Odecofroc comentó, en ese aspecto, las amenazas de muerte que vienen recibiendo por parte de los mineros, que entran a sus territorios de forma ilegal.

“Personalmente como líder pedí que se retiren de la zona porque afectan demasiado [nuestros territorios], y  los mineros nos amenazaron y me dijeron que podría recibir un tiro de bala, y están buscando hasta sicarios. Esa expresión la he recibido personalmente […]. Después de eso si es que no acepto este trabajo de los mineros,  me dicen que me van a seguir”, anotó.

“No puedo transportarme libremente y en cada viaje,  tengo que andar entre tres personas. Hemos recibido una fuerte amenaza. […] Estos foráneos  vienen a sacar el oro en nuestras comunidades y no están haciendo respetar a la población, creando división en el pueblo. Amenazas,y persecución eso  lo que recibo”, sostuvo.

No hay sanciones

En ese mismo sentido, cuestionó la actuación del gobernador regional Oscar Ramiro Altamirano y demandó que se respeten los derechos de los pueblos awajún-wampis

“La amenaza no viene solamente desde los foráneos, sino también del gobierno regional. He presentado una solicitud de la vacancia del presidente regional por la incapacidad moral y física. Él dice cero a la minería, pero la autoriza. Sin embargo, después que pedí la vacancia me ha querellado, y a otras personas más. Él está en el poder. y los policías y autoridades le hacen caso a quien está en el poder”, argumentó.

“Hemos hecho una denuncia ante  la Fiscalía Ambiental en Bagua Chica para que el Estado cumpla el rol de defendernos como ciudadanos. Los fiscales notifican y cuando dan falsos testimonios agradecen y los dejan libres y no hay ninguna sanción exigencia que estas personas foráneos quienes vienen a atacar nuestras quebradas y ríos”, puntualizó.

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