Vicente Zeballos - Ideeleradio
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¿Qué se oculta?

Ideeleradio.- Telefónica del Perú es una entidad privada que contrata con el Estado y debe estar en la disposición moral de acceder a todo tipo de requerimiento de información, manifestó el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, tras sostener que el ocultamiento de información resulta preocupante y grave.

Fue al comentar la denuncia que hizo la trabajadora de Telefónica, Silvana Castagnola, sobre un presunto ocultamiento de información, tema que provocó que se revele otros casos en donde los fiscales recibieron una respuesta similar cuando pidieron registros de comunicación sobre casos que involucran a Alan García y Nadine Heredia.

“[Estoy] preocupado, porque obviamente siendo una entidad privada [Telefónica del Perú] debe estar en la disposición moral de país, porque contrata con el Estado, de acceder a todo tipo de requerimiento de información y el hecho concreto es que no es que tenga un límite de tres años [para brindarla], sino que teniendo la información, no se dio”, dijo en el programa No Hay derecho de Ideeleradio.

“Entonces, ¿qué se oculta?, ¿a quién se protege?, ¿es tendenciosa y sistemática esta actitud? ¿hay colaboración? Y es más, creo que el tiempo va a explicar al país oportunamente de que detrás de ello había un nivel de ocultamiento de pruebas que podían haber fortalecido los procesos investigatorios del Ministerio Público en su momento. Esto es un hecho sumamente grave”, manifestó.

Iniciativa legal

El ministro de Justicia señaló, no obstante, que a raíz de este caso se podría impulsar desde el Congreso de la República, una iniciativa legal que obligue a las empresas —tanto públicas como privadas— a que entreguen este tipo de información en un plazo determinado.

“[¿Haría un llamado como ministro a que entreguen información?] Sí, entiendo que ya se están allanando a la entrega de información; sin embargo, creo que desde la perspectiva de un país democrático todas las entidades, no solo las públicas que contratan con el Estado, están en la obligación de entregar este tipo de información”, explicó.

“Esto va a implicar que en el Congreso haya una iniciativa legal que pueda estar impulsando para que la información sea entregada en mayor dimensión de tiempo y que esto obviamente genere niveles de responsabilidades incluidas de orden penal”, anotó.

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