Marianella Ledesma - Ideeleradio
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Es una vergüenza

Ideeleradio.- La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, cuestionó la resolución del Sexto Juzgado Constitucional que concedió la medida cautelar solicitada por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Fue al referirse a la decisión judicial que resuelve conceder la medida cautelar solicitada y dispuso, de forma provisional, la inmediata suspensión de las investigaciones preliminares seguidas por la JNJ en contra de Patricia Benavides Vargas en los expedientes N°001-2023-JNJ y N°008-2023-JNJ (acumulados), así como todos los actos derivados de las denuncias e investigaciones preliminares seguidas por dicha institución.

“Esa es mi opinión, es una vergüenza la decisión que toma y la conducta que toma la jueza [Jacqueline] Tarrillo del Poder Judicial. Primero, no solo por sus expresiones en la motivación del fallo que toma, sino por los efectos que está generando con su decisión para todo el sistema judicial”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Me refiero a lo primero: vuelve a insistir en los temas de motivación, en los temas en los que se sustenta su decisión, pero hay algo fundamental en esa decisión que toma Tarrillo. La propia norma le pide que cuando dicte una medida cautelar, por lo menos tenga lo que debemos tener todas las personas: prudencia y sentido común. Eso le dice en pocas palabras y no lo puede entender en el artículo 18”, agregó.

El artículo 18

Ledesma Narváez recordó lo que señala el artículo 18 del nuevo Código Procesal Constitucional respecto a que “la medida cautelar solo debe limitarse a garantizar el contenido de la pretensión constitucional, teniendo en cuenta su irreversibilidad, el orden público y el perjuicio que se pueda ocasionar”.

“¿Qué le dice [el artículo 18]? Todo juez cuando dicte este tipo de medidas debe pensar en el orden público y debe pensar en el perjuicio que puede ocasionar con su medida. Eso le dice el artículo 18. No es solamente analizar la postura de la parte actora, sino tú como juez piensa en el orden público, piensa en el perjuicio que vas a ocasionar con la medida que vas a dictar, pero eso para la juez Tarrillo ni siquiera lo ha leído ni siquiera lo reflexiona como para decir [que] esto pesa más que el orden público, esto pesa más que el perjuicio que se pueda ocasionar. Ni siquiera lo señala”, manifestó.

“Yo digo que sí hay una afectación al orden público muy fuerte. ¿Cuál es la afectación? Hay un principio en la Constitución que dice todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, si la Junta Nacional de Justicia designa a un funcionario, llámese fiscal, llámese juez y se le imputa a ese funcionario un acto irregular, la Junta está en todas sus facultades de someterle a una investigación preliminar, luego abrir investigación, luego sancionar si le corresponde, pero nadie se puede sustraer a una investigación de esas características”, argumentó.

Finalmente, consideró que lo que se ha construido con esta decisión judicial, “bajo argumentos que ni siquiera existen”, es un plano de distinción entre la fiscal de la nación y el resto de funcionarios.

“¿Ese ese es el papel de una juez constitucional? Yo sí realmente no solo estoy preocupada, sino la verdad diría hasta avergonzada del sistema judicial que tiene una forma de expresar de esa manera”, refirió.

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