Marco Arana - Ideeleradio
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No fue un conato político

Ideeleradio.- Lo resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que archiva la denuncia presentada contra la exvicepresidenta Mercedes Aráoz, es una especie de lavado de manos al ampararse en la decisión del Tribunal Constitucional y señalar que lo de la juramentación como presidenta, ocurrida el 30 de septiembre de 2019, es un hecho de significación política, aseveró Marco Arana, líder del Frente Amplio.

Fue al cuestionar la decisión de la titular del Ministerio Público que sostiene que no existen méritos para desarrollar una investigación preliminar contra Aráoz Fernández y refiere que los actos políticos en los que incurrió la entonces vicepresidenta no tuvieron efecto jurídico alguno.

“Hemos recibido la resolución del Ministerio Público. Nosotros habíamos esperado que califique la responsabilidad penal […], pero la resolución de la fiscal dice, amparándose en la resolución del TC, de que este sería un hecho de significación política”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Arana Zegarra cuestionó que el Ministerio Público no haya valorado que en esa juramentación se preparó incluso un Mensaje a la Nación, y que hubo un oficio y una comunicación notarial al diario El Peruano sobre lo que había decidido el Parlamento.

“No los ha valorado porque son elementos concomitantes. La resolución de la fiscal de la Nación no los ha querido valorar [los elementos que había en el caso]. En realidad, lo que ha hecho es una especie de lavado de manos [al no abrir investigación]. El Tribunal Constitucional dijo que es un hecho político y ahí lo han dejado”, señaló.

“[…] Llama la atención que para la fiscal de la Nación tal hecho solo sea una especie de conato político, de mal humor político. No es así. Estuvo en peligro la democracia. Recordemos que ellos [los denunciados] intentaron llamar incluso a las fuerzas armadas y policiales”, recordó.

Frente Amplio presentará denuncia

Arana Zegarra dijo, en ese sentido, que será la bancada del Frente Amplio quien presente la denuncia constitucional respectiva en este caso. Mencionó que si la propia resolución de la Fiscalía de la Nación “dice que son hechos de naturaleza eminentemente política”, la instancia que debe hacer esa valoración es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“[¿El Frente Amplio presentará una acusación constitucional contra Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva y todos los congresistas que avalaron la decisión?] Sí. Efectivamente la decisión política es que hay que defender la democracia y hay que investigar y sancionar aquellos que creen que con algún tipo de poder pueden generar golpes de Estado en el Perú. Ese es un tema fundamental que el Frente Amplio y otras fuerzas políticas debieran valorar para el presente y futuro del país”, remarcó.

“[…] En ese caso, la acusación en realidad no debiera ser solo contra la Mesa Directiva del Congreso, sino contra todos los congresistas que avalaron esos actos ilegales antidemocráticos que, por lo demás, debiera conducir a una sanción, y la sanción debería ser una inhabilitación”, expresó.

La tarea del Congreso

Arana Zegarra refirió, finalmente, que el Poder Legislativo no debería rehuir a su responsabilidad de proteger al Perú de cualquier “intentona golpista”.

“Es decir, el Congreso actual, con todo lo que podría tener de controvertido, no debiera rehuir su responsabilidad de proteger al país de cualquier intentona golpista que quisieran hacer militares y civiles”, enfatizó.

“[…] En el Perú hemos conocido golpes militares, que ojalá nunca se repitan, pero también golpes civiles como el de Alberto Fujimori y este golpe civil que intentó dar Mercedes Aráoz, Pedro Olaechea y la Mesa Directiva del Congreso con la señora Beteta”, declaró.

Cabe indicar que la titular del Ministerio Público, se pronunció de la misma manera que hizo con la vicepresidenta, respecto a Pedro Olaechea, quien fue presidente del Parlamento, y la exlegisladora Milagros Salazar, a quienes Arana Zegarra denunció, en ese entonces, por los presuntos delitos de conspiración, nombramiento ilegal, usurpación, abuso de autoridad, asociación ilícita para delinquir, atentado contra la soberanía nacional, y contra la fe pública.

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