Luz Ibañez - Ideeleradio
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Congresista deben reflexionar

Ideeleradio.- Las denuncias constitucionales que tramita el Congreso contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) ponen en riesgo la autonomía y la independencia de los órganos de justicia, advirtió la fiscal Luz Ibáñez Carranza, flamante jueza de la Corte Penal Internacional de La Haya.

Fue al referirse a la reciente acusación constitucional presentada por Fuerza Popular en contra de la fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y la denuncia presentada por un grupo de exmarinos contra cuatro magistrados del TC por el fallo que revirtió una sentencia en el caso El Frontón.

“[¿Cree que la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación y cuatro magistrados del TC pone en riesgo la administración de justicia?] Sin duda. Desde aquí yo quisiera pedir a los miembros del Parlamento una reflexión interna en torno a que su actividad —querida o no querida porque no está muy claro todo— pudiera derivar en que estas acusaciones constitucionales —que no tienen base— puedan prosperar”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

En ese sentido, la magistrada exhortó a los parlamentarios a reflexionar y dejar trabajar a la Fiscalía y el Tribunal Constitucional con independencia.

“Ahora partiendo de ese punto de vista, creo que hay un exceso y espero que reflexionen los miembros del Parlamento en ambos casos, porque creo que se debe dejar trabajar a las instituciones con total independencia”, subrayó.

El fiscal de la Nación no tiene injerencia

En ese sentido, Ibáñez Carranza precisó que el titular del Ministerio Público no tiene atribuciones ni injerencia en los casos que investigan los fiscales provinciales. Indicó que los magistrados provinciales son dueños de su investigación y no pueden aceptar imposiciones de fiscales superiores.

“Al fiscal de la Nación —no sé si lo piden por desconocimiento o por otro factor— no se le puede exigir cosas que solamente puede hacer el fiscal provincial. El fiscal de la Nación no tiene injerencia y no tiene autoridad para exigirle una situación u otra a un fiscal provincial que investiga”, explicó.

“El fiscal provincial es dueño de su caso y él no podría aceptar imposiciones de superiores  en los que él no estuviera de acuerdo, por lo que no se le puede pedir al fiscal de la Nación algo que no está en sus atribuciones y en sus competencias”, remarcó.

Tampoco procede en el caso del TC

Finalmente, señaló que tampoco puede proceder una acusación constitucional contra los cuatro magistrados del TC que precisaron el voto de Juan Vergara Gotelli en una resolución referida al caso El Frontón. Aclaró que la sentencia aclaratoria del TC no resolvió el aspecto penal.

“Y en el caso de los magistrados del TC, creo que ellos tienen un mandato establecido en la Constitución y es en dentro de ese marco en el que se han desempeñado. Más aun cuando es un caso que por un lado no había sido totalmente resuelto por el TC”, manifestó.

“Por otro lado, en un sentido —como ya lo dijera un exmiembro del TC— los aspectos penales centrales de ese caso, que es el caso El Frontón, no los resuelve el TC. Las clasificaciones, cualificaciones o tipificaciones de unos hechos como un tipo de delito u otro los resuelve la autoridad penal que es la especialista”, acotó.

Como se sabe, un grupo de exmarinos denunció a los magistrados del TC, Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Eloy Espinoza y Carlos Ramos, por presuntamente haber violado el principio de “inmutabilidad de la cosa juzgada”. Ello, debido a que precisaron una resolución del 2013, que señalaba que el develamiento del penal de El Frontón, ocurrido en 1986, no constituía un delito de lesa humanidad.

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