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Tratado internacional

Ideeleradio.- Hay una situación de agresividad y violencia mayor en contra de los  defensores ambientales y, por eso, se hace necesario que se implemente el protocolo del Acuerdo de Escazú a nivel nacional, planteó Lucila Pautrat, defensora ambiental de los bosques de Tamshiyacu (Loreto).

“Entonces, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para llamar la atención del Estado, de las autoridades y de la comunidad internacional respecto a lo que está ocurriendo en la Amazonía y, por otro lado, también la necesidad de implementar el protocolo del Acuerdo de Escazú para defensores ambientales a nivel nacional”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es un tratado internacional de derechos humanos que si bien el Estado no lo ha ratificado […], ya entró en vigor y puede ser implementado a través de la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico nacional”, anotó.

Situación preocupante

Lucila Pautrat remarcó que los defensores ambientales en la selva están en mayor riesgo y vulnerabilidad, y subrayó que se requiere la atención del Estado.

“Hay una situación que preocupa, porque mientras nosotros estamos atendiendo la pandemia y el Estado está abocado en su totalidad a la primera línea de atención, por otro lado las actividades ilícitas continúan y cada vez hay un nivel de agresividad y de violencia mayor”, refirió.

“Y esta situación se está desbordando en los últimos dos años, desde el 2020 que hemos entrado en cuarentena, ha habido más de siete asesinatos. Hay personas que están en mayor riesgo y vulnerabilidad y que, lamentablemente, no podemos darle cobertura a todos”, anotó.

Advirtió, en ese sentido, que hay una escalada de violencia en contra de los líderes indígenas de Ucayali, la Selva Central, Madre de Dios y Amazonas.

“También están los líderes indígenas que están siendo asesinados en Ucayali, en Selva Central, en Madre de Dios y en Amazonas. Hay una situación de escalada de violencia por parte de las actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y también la tala ilegal y la deforestación”, acotó.

El acoso judicial

Por otra parte, mencionó que hay casos en que los defensores de derechos humanos que son víctimas de acoso judicial no tienen la capacidad de contar con un abogado.

“Quiero llamar la atención sobre las situaciones de violencia y de acoso [judicial] que sufrimos los defensores ambientales. No solamente es mi caso [en el que soy víctima de acoso judicial], hay un montón de ya personas acreditadas y registradas por el Ministerio de Justicia”, señaló.

“Si nosotros que estamos aquí [en Lima] tenemos la capacidad de pagar un abogado, pero somos víctimas de acoso judicial, imagínense qué pasará con un indígena o con una persona en una situación de mayor vulnerabilidad o riesgo, que no tiene las oportunidades de poder acceder a una defensa justa y legítima”, apuntó.

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