La Fiscalía es muy lenta
Ideeleradio.- Estamos solicitando que la investigación del caso de Rosalino Florez Valverde —quien falleció en el Hospital Arzobispo Loayza, tras haber sido impactado, el 11 de enero pasado, por más de 30 balas de metal en el Cusco— sea visto en Lima, dijo Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de la familia del joven estudiante de gastronomía.
“En primer lugar, lo que yo quiero decir es que lo que estamos solicitando es que el caso sea visto acá en la ciudad de Lima, porque en dos meses, como se ha visto en el video y en las testimoniales que se han tomado allá, se hubiera podido, por lo menos, identificar al policía que ha disparado a estas personas, pero la Fiscalía es muy lenta”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Quispe Capacyachi especificó que la decisión dependerá de la Coordinación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad.
“Ya el fiscal de derechos humanos de acá de Lima es el que se apersonó en la diligencia de ayer en la necropsia, y lo único que queda que la coordinación, la fiscal nombrada por la señora fiscal de la nación, pues, disponga el traslado del caso a la ciudad de Lima, porque allá [en Cusco] no se está haciendo absolutamente nada”, apuntó.
No está cumpliendo con su labor
El abogado del IDL consideró que el Ministerio Público no está cumpliendo con su labor, y sostuvo que hay una disparidad en los avances y las diligencias que se enmarcan en las investigaciones contra los policías y militares, a diferencia de las indagaciones que se le siguen a los manifestantes o presuntos financistas de las marchas.
“[En] los casos donde son agraviadas las personas tanto fallecidas o lesionadas —a diferencia de los casos donde, por ejemplo, los presuntos financistas de las marchas, las protestas sociales, avanza rápido y [se les investiga] como organización criminal y se pide 36 meses de prisión preventiva— acá están pidiendo recién el plan de operaciones, están pidiendo recién la lista de personal policial que ha intervenido ahí y que no lo quieren dar. Y si lo dan, dan una lista que no corresponde y, sobre todo, una investigación que era pública, en donde no se hizo la reevaluación de este chico, porque lesiones no podía continuar”, refirió.
“Esto ya era lesiones graves desde un inicio, pero lamentablemente, pues, la justicia, y sobre todo el Ministerio Público, no está cumpliendo con su labor. Hay una disparidad en las investigaciones contra los manifestantes y, a diferencia de las investigaciones contra los policías y militares que mataron y lesionaron peruanos”, anotó.
La necropsia
Detalló, en otro momento, los resultados de la necropsia de ley que se le practicaron al cuerpo de Rosalino Florez Valverde en la Morgue Central de Lima, en los que se advierte de la presencia de balas de metal en el cuerpo del joven.
“59 días estuvo internado en el Hospital Arzobispo Loayza. Vino por una investigación preliminar abierta por la Fiscalía de Cusco, nada más y nada menos por el delito de lesiones leves [contra los que resulten responsables]. Así vino el caso y así hasta ahora sigue el caso como lesiones leves, a pesar de que lo trasladaron a Lima porque le sacaron ahí en Cusco, después de tres operaciones, 11 balas de metal que tenía en el cuerpo y cuando vino al hospital Loayza prácticamente su muerte ya estaba anunciada”, relató.
“Cuando ayer [22 de marzo] hemos ido a hacer la necropsia que duró 6 horas con 50 minutos exactamente en la Morgue de Lima se ha tenido que utilizar medios como, por ejemplo, rayos X, ecografías, para ubicar donde estaban estas balas de metal, porque estaba bien incrustadas en el intestino, en el hígado, debajo del tórax. Estaban incrustadas y, finalmente, se llegaron a sacar 22 balas de metal. Con eso hacen un total de 31 balas que tuvo el chico y que, definitivamente, le destrozaron y le perforaron los intestinos, el hígado y también ya los riñones comenzaron a funcionar a mal”, añadió.
El tipo penal
El letrado precisó, en otro momento, cuál sería el tipo penal que se debe considerar en el marco de la investigación fiscal, a raíz del análisis de los acontecimientos ocurridos, en enero, en el Cusco y las consecuencias finales de la actuación policial.
“Yo lo describiría como un asesinato, una ejecución extrajudicial, porque si bien es cierto el chico muere después de que se le arrojó más de 30 perdigones o balas de metal en el cuerpo, pero el hecho de que muera después no significa [que solo se investigue por lesiones], y hemos tenido jurisprudencia de eso. Te hago recordar el caso [ocurrido en 1995] de un chico [Indalecio Pomatanta] donde le rociaron gasolina y los marinos, y la abogada dijo que solamente se le quería dar un escarmiento. El chico fallece dos días después despedazándose toda su piel, pero culpando en una última entrevista a miembros de la Marina”, declaró.
“Entonces, el hecho que muera después no significa, pues, que solamente hay que juzgar por lesiones, porque el chico Rosalino Florez Valverde estaba condenado a morir, no podía comer, no podía defecar, […] tenía retención de orina. ¿Y eso quién se lo causó? ¿No fueron las balas de metal que le dispararon a corta distancia? Y hay que desmitificar que cuando se dice las perdigoneras, las balas de metal, las bombas lacrimógenas son elementos no letales. Eso es absolutamente falso, y en este caso se ha corroborado, ¿por qué? [porque] disparado a corta distancia son más letales o tan letales como un proyectil de arma de fuego. Entonces, hay que ver esa figura”, puntualizó.
“Proyectil de arma de fuego”
Finalmente, el integrante del Área Legal del IDL explicó que la causa básica de la muerte, según documentos oficiales, es “trauma toraco abdominal por proyectil de arma de fuego”.
“La causa de muerte, según lo que ha se ha dispuesto por el Hospital Arzobispo Loayza, tiene tres fases, dice: causa final: síndrome de disfunción multiorgánica; causa intermedia: insuficiencia respiratoria aguda; causa básica: trauma toraco abdominal por proyectil de arma de fuego. No le está diciendo por perdigones, le está diciendo por ese tipo de proyectil de arma de fuego y hay una distinción que hay que hacer”, expresó.
“Estos perdigones que se supone que se supone serían balas de goma, no son balas de goma, son balas de metal la que está utilizando a la Policía Nacional del Perú y eso está prohibido, ¿por qué?, sobre todo dispararle a corta distancia, como, por ejemplo, el señor [Víctor Santisteban] que lo mataron en Lima. A partir de un disparo de una bomba lacrimógena, le cayó al cartucho y le causó la muerte [el 29 de enero]”, acotó.
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#JuanJoséQuispe: La Fiscal de la Nación está cumpliendo un papel lamentable [en casos de DD.HH]. Está colocando a personas no capacitadas. Los casos de DD.HH son especiales donde tienen que colocar a gente especializada para juzgar estos casos. pic.twitter.com/6nybKP5u4X
— Ideeleradio (@ideeleradio) March 23, 2023