Juan Carlos Ruiz (Foto: Ideeleradio)
Juan Carlos Ruiz (Foto: Ideeleradio)

Un Estado de costado

Ideeleradio.- La Constitución señala que el Estado tiene que garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, pero lo que estamos viendo es que el Gobierno ha abandonado y dejado a su suerte a los líderes que están defendiendo el territorio y el medioambiente en la Amazonía, afirmó Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al cuestionar que haya territorios del país que estén siendo penetrados por grupos ilegales que tienen hoy día un control sobre grandes zonas, especialmente rurales y fronterizas, y que están amenazando a las comunidades nativas.

“Lo que hoy día vemos es un Estado que se pone de costado. Un Estado que no brinda, no acompaña, sino que abandona y deja a su suerte a estos defensores. [Son] defensores que están combatiendo estos grupos ilegales en condiciones asimétricas. El poder de fuego de los narcotraficantes, de la minería ilegal, nada tiene que ver con los esfuerzos de organización de las comunidades. Hay un desbalance evidente y es ahí donde el Estado tiene que entrar”, dijo en conversación con Ideeleradio.

Artículo 44

En el marco de la campaña Sin derechos no hay democracia, sin democracia no hay derechos, el abogado recordó el mandato expreso del artículo 44 de la Constitución Política del Perú. Enfatizó, en ese sentido, que lo que tiene que hacer el aparato del Estado es organizarse para hacer efectivo los derechos de los pueblos indígenas.

“Hay que tener claro que, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución, el Estado es el garante de los derechos humanos; el primer defensor de los derechos humanos tiene que ser el Estado. El artículo 44 dice que una función primordial del Estado es garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. El rol del Estado es ser garante”, afirmó.

“Estos defensores, en realidad, hacen el trabajo del Estado. Entonces, el Estado tiene que brindarles protección, le hacen el trabajo al Estado. El defensor intenta proteger, velar por los derechos, bueno, ese es trabajo del Estado. Entonces, el Estado lo menos que puede hacer es dejarlos abandonados. El Estado lo que tiene que hacer es todo lo contrario: apoyarlos, organizar el aparato del Estado para hacer efectivo sus derechos”, subrayó.

Defensores de derechos humanos

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) remarcó que los líderes indígenas son defensores de derechos humanos, pues están buscando que el Estado atienda el llamado de sus comunidades.

“Todo trabajo que esté apuntado a defender, a proteger los derechos fundamentales o los derechos humanos, yo creo que todo aquel que impulse este trabajo es un defensor. Defensor de derechos humanos es alguien que decide levantar la voz y decide impulsar acciones en defensa de los derechos humanos”, manifestó.

“Sea abogado, activista, líder social, periodista, ama de casa, pero cuando se realiza alguna acción que está destinada a defender, a denunciar, a proteger, a prevenir violaciones [de derechos], estamos ante defensores de derechos humanos. Se ajusta a la categoría de defensor”, apuntó.

Leyes que desregulan

Finalmente, el letrado rechazó que el Congreso de la República esté aprobando o impulsando normas como la Ley 31973, también conocida como la “Ley Antiforestal”, o la que busca modificaciones al Registro Integral de Formalización Minera.

“Si a eso le agregas la Ley 31973 que promueve la deforestación, que desregula materia ambiental, tú ya entiendes por qué está pasando. Si tú miras, por ejemplo, la legislación en materia de Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) o en materia de forestación, convierten actividades ilegales en actividades legales. En realidad, estas normas recientes desregulan materia ambiental”, declaró.

“Otra vez, ¿quién sale ganando acá? Estos grupos ilegales que obviamente tiene grandes ‘lobbies’ y tienen llegada en el Congreso, sino no hay otra manera de explicar estas normas que están saliendo que solo promueven a estos grupos ilegales y paralizan y amarran la posibilidad del Estado de intervenir en estas zonas”, añadió.

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