Juan Carlos Ruiz - Gustavo Gorriti - Ideeleradio
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Línea editorial

Ideeleradio.- La decisión fiscal por la que se inicia una investigación preliminar en contra de Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, tiene serios problemas de motivación, y en el fondo se estaría criminalizando el ejercicio de la labor periodística, opinó Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“En principio, yo creo que nadie está por encima del tratamiento jurídico, y eso hay que tenerlo claro, pero acá hay un problema. Si tú lees la decisión fiscal, la sustentación, [es decir] cuando intentas encontrar cuál es el argumento, encuentras que se le investiga por su presunto ‘apoyo mediático’ a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez”, explicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Entonces, ¿qué significa apoyo mediático? Línea editorial. Entonces, tú lo que sientes ahí es que se está criminalizando la expresión de una opinión. Para mí, esta decisión fiscal que dispone abrir investigación preliminar en el fondo lo que estaría es criminalizando el ejercicio de la labor periodística”, manifestó.

Reserva en las fuentes

Ruiz Molleda expresó su preocupación por la disposición de levantar el secreto de las comunicaciones y la referida a la entrega del número del celular. Enfatizó que la Constitución protege el derecho a la reserva en las fuentes.

“Pero, además, hay un elemento que hace que sea sumamente preocupante: no solo levantar el secreto de las comunicaciones y entregar el número del celular. O sea, en el artículo 2.8 de la Constitución hay lo que se llama el secreto profesional, que es el que protege el derecho a la reserva en las fuentes. Un periodista tiene la facultad y el derecho a mantener esa reserva”, remarcó.

“Hay casos en la Corte Suprema, en el mismo caso [Alberto] Fujimori, cuando [César] Nakazaki le pide a Ricardo Uceda que diga quiénes han sido sus fuentes, Ricardo Uceda se niega y [el juez César] San Martín, que presidía el colegiado que estaba juzgando a [Alberto] Fujimori, dice el derecho a la reserva de las fuentes está por encima de la facultad de persecución del Ministerio Público del delito”, precisó.

Afectando derechos

El abogado subrayó que el IDL ha expresado su preocupación frente a la posibilidad de que se criminalice el ejercicio de la actividad periodística. Estimó que se estarían vulnerando derechos si es que a Gustavo Gorriti se le incauta su celular, las computadoras y todo el material periodístico de IDL-Reporteros.

“Entonces, aquí en el fondo, la preocupación que tenemos en el IDL es que se criminalice el ejercicio de la actividad periodística. Y estoy pensando en lo que le pasó a Pedro Salinas ¿Te acuerdas cuando vino el Ministerio Público [a su casa] y le incautó el celular? No se llevó el CPU porque estaba empotrado”, mencionó.

“Si a Gustavo Gorriti se le incauta el celular, las computadoras y todo el material periodístico, en los hechos lo que se estaría es bloqueando, neutralizando, una investigación de la corrupción en el Perú con lo cual, primero no solamente estarías afectando el derecho de Gustavo Gorriti a expresar su opinión, sino también el derecho de todos los ciudadanos, [de] los peruanos a conocer qué está pasando en el país, a tomar conocimiento de la estructura de la corrupción”, añadió.

Problemas de motivación

El integrante del IDL sostuvo que en la disposición fiscal hay serios problemas de motivación. Señaló que el ejercicio y desempeño del rol de periodista no puede sustentar una imputación de presunto delito de cohecho.

“De otro lado, también hay que decir que si tú revisas esa disposición fiscal hay serios problemas de motivación. Mira, la Corte Suprema tiene casatorias donde dice claramente —hay dos casos sobre dos abogados— que no puedes alguien procesar si ha cumplido su rol profesional. Entonces, aquí, ¿cuál es el rol de Gustavo Gorriti? Investigar y develar este andamiaje de corrupción”, indicó.

“El ejercicio de esa actividad periodística, el ejercicio y desempeño de ese rol de periodista no puede sustentar una imputación de delito de cohecho. O sea, en el fondo hay una criminalización de la actividad periodística y todos sabemos que hay sectores que no van a parar hasta meter preso a Gustavo Gorriti, y ese es el problema de fondo”, agregó.

El abogado comentó también que lo que está en juego es la libertad de expresión. Apuntó que sin libertad de expresión no hay derecho al ejercicio de la participación política, pues se estaría afectando la información sobre la cosa pública.

“La Corte Interamericana ha dicho que el derecho a la participación supone el acceso a información sobre la cosa pública. Entonces, si tú afectas la libertad de expresión también incides en el ejercicio del derecho a la participación. Entonces, por eso es que estamos muy preocupados desde IDL y estamos evaluando qué acciones tomar”, refirió.

Medidas cautelares

Finalmente, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a Gustavo Gorriti y que hay instituciones internacionales que han reconocido la labor de IDL-Reporteros como un trabajo serio, de calidad y riguroso.

“Además, Gustavo Gorriti tiene medidas cautelares de la CIDH, permanentemente es, y somos como IDL, atacados por estos grupos como La Pestilencia. Además, hay que reconocerlo: IDL-Reporteros, [que] es parte de IDL, ha sido premiado y ha habido un reconocimiento de la calidad del trabajo periodístico. Ha habido una serie de premios que se le han entregado, el último premio es el premio [fue el Premio Gabriel] García Márquez”, expuso.

“Entonces, [estos premios] dan cuenta de que en realidad es un trabajo serio, de calidad, un trabajo riguroso, entonces no tiene sentido, en ese contexto, en ese marco, que se abra investigación preliminar por simplemente una línea editorial. Eso es lo preocupante”, dijo.

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