Derrame de petróleo en Ventanilla - Juan Carlos Ruiz (Fotos: Presidencia - Ideeleradio)
Derrame de petróleo en Ventanilla - Juan Carlos Ruiz (Fotos: Presidencia - Ideeleradio)

 

Una grave afectación

Ideeleradio.- Lo que ha ocurrido no es un incidente, como dice la empresa Repsol, sino un desastre que ha generado una grave afectación al medioambiente, y a miles de peruanos, opinó Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL.

Fue al comentar el derrame de petróleo ocurrido en nuestro litoral el pasado 15 de enero, en el mar de Ventanilla, durante la descarga de crudo realizada por la Refinería La Pampilla (Repsol).

“Lo primero que hay que decir es que este no es un incidente, como lo dijo Repsol. Este es un desastre. Aquí hay una grave afectación al medioambiente y a miles de peruanos que viven de la playa. Segundo es que hay que ir más allá de la indignación ética y hay que preguntarse qué sigue”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] Aquí es importante la indignación ética, pero hay que ir un paso más y exigirle responsabilidad a Repsol. Hay un principio de contaminador pagador”, acotó.

Papel de Oefa

El abogado del IDL consideró, en ese sentido, que hay que dejar trabajar al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), que es el organismo que va a imponer una sanción por el incumplimiento de las normas.

“Aquí hay órganos que deben actuar. Oefa tiene que abrir y ya lo hizo un proceso administrativo y disciplinario porque aquí se han incumplido normas ambientales. Oefa lo que va a hacer es ordenar remediación y va a imponer una sanción”, señaló.

Ruiz Molleda recordó que en otro caso ocurrido en Morona (Loreto), el Oefa sancionó a Petroperú. Por ello, el letrado pidió dejar trabajar a dicho organismo fiscalizador.

“En el caso del derrame en Morona, un caso que hemos litigado como IDL, Oefa en el marco de este proceso administrativo sancionador le puso [de sanción] 25 millones de soles a Petroperú, porque acreditó que el derrame en febrero del 2016 era por falta de mantenimiento [del oleoducto]. Un primer camino es Oefa, y hay que dejarlo trabajar. Estos procesos sirven para la remediación”, anotó.

Reparación a las víctimas

Sostuvo, por otro lado, que es el Poder Judicial el que debe actuar respecto a la situación de los afectados para poder establecer el tema de la reparación.

“Un segundo órgano que tiene que acá tiene que actuar es el Poder Judicial para la indemnización a los afectados. Se habla de más de tres mil pescadores y miles de personas que viven de una economía en torno a las playas. En principio, es el Poder Judicial el que tiene que establecer una reparación a las víctimas”, subrayó.

Responsabilidad penal

Ruiz Molleda se refirió, en otro momento, al tema de la eventual responsabilidad penal. Indicó que hay una norma del Ministerio de Energía y Minas que señala los plazos en que las empresas deben identificar a todos los afectados y los daños, valorizarlos y entregar esa información a Osinergmin.

“Hay una norma que le puede ahorrar a los afectados 10 años de litigio en el Poder Judicial para efectos de la reparación. El DS 081-2007 del Minem, es el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos de Ducto, que en el artículo 1 dice que esto también se aplica a lo que son descargas de hidrocarburos”, explicó.

“El anexo 4 de esta norma establece que cuando hay un desastre como este, el operador del oleoducto […] tienen 15 días para identificar a todos los afectados, luego tiene que identificar los daños y valorizarlos y entregar esa información a Osinergmin. Osinergmin debería ya estar atento a pedirlo. Y, luego, tiene que hacer una propuesta de valorización para compensar. Esto es importante porque si Repsol cumple esa norma, nos ahorramos 10 años de litigo”, aseveró.

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