Juan Carlos Ruiz - Ideeleradio
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Es una buena noticia

Ideeleradio.- La decisión de la Tercera Sala Penal de Arequipa es un acto de justicia para quienes estábamos siendo víctimas de una persecución judicial como defensores de derechos humanos por haber denunciado la contaminación de metales pesados en la provincia de Espinar (Cusco), afirmó Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Litigio y Pueblos Indígenas del IDL.

Fue al comentar la decisión de dicho tribunal que confirma la absolución de los defensores de derechos humanos Juan Carlos Ruiz Molleda y Fernando Osores Plengue, a quienes se les procesó por el presunto delito de uso de documento público falso en agravio del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.

“Es una buena noticia, lo que hace la sala de Arequipa es confirmar la absolución, es decir nos libera de responsabilidad penal por una serie de razones, pero fundamentalmente lo que señala la sala es que el dolo no se presume, sino tiene que probarse y que el Minsa no lo ha probado, de que nosotros sabíamos supuestamente que era un documento falso el documento de Censopas”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Creo que lo que ha hecho la sala de Arequipa es un acto de justicia y esperamos que este caso no llegue a la Corte Suprema y se le ponga punto final. No tiene sentido, y acá hay una persecución judicial de defensores de derechos humanos”, refirió.

No tuvimos responsabilidad penal

El coordinador del Área de Litigio y Pueblos Indígenas del IDL remarcó, en ese sentido, que en este caso no hay ningún tipo de responsabilidad. Apuntó que, desde una perspectiva penal, no se presume el dolo, se tiene que probar. Explicó que en los delitos contra el honor y de falsedad solo se sancionan el hecho doloso, no la culpa o imprudencia.

“Hay responsabilidad cuando uno difunde una información sin confirmarla, sin verificarla, pero si uno hace un esfuerzo por verificarla, por comprobarla no hay responsabilidad penal. En este caso tenemos primero el certificado de defunción que murió Margarita Cahuana Córdova por cáncer renal, intoxicación por arsénico y cadmio. El resultado de Censopas que nos dio los familiares de Margarita también dice lo mismo sobre arsénico y cadmio y tres clínicas respetadas de Arequipa dicen lo mismo también”, indicó.

“Sí, cruzamos esa información, y, por eso, es lo que hace la sala es un acto de justicia. En realidad acá hay una persecución judicial contra un médico Fernando Osores y Juan Carlos Ruiz, que hemos denunciado que población en Espinar tiene metales pesados con grave afectación a su salud”, apuntó.

Mencionó, además, que, desde una perspectiva constitucional, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el límite del deber de información es verosimilitud.

Atención sanitaria en Espinar

De otro lado, recordó que la Sala Mixta de Canchis emitió una sentencia ante la falta de atención sanitaria por parte del Ministerio de Salud (Minsa) respecto a la población de Espinar.

“Hace más hace un año en diciembre del 2019 la Sala Mixta de Canchis emitió una sentencia, una demanda que nosotros presentamos ante la falta de atención sanitaria a las poblaciones afectadas por metales pesados y lo que ha hecho es que nos ha dado la razón. Le ha ordenado al Minsa que atienda a la gente a Espinar”, refirió.

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