Juan Carlos Ruiz - Ideeleradio
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Libertad de opinión

Ideeleradio- La denuncia penal que ha interpuesto el Ministerio de Salud (Minsa) tiene una finalidad clara que es callarnos y censurarnos, manifestó Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Pueblos Indígenas del IDL.

Fue al comentar la denuncia interpuesta por el Minsa contra él y contra el médico ambientalista Fernando Osores por supuestamente haber utilizado un documento falso para sustentar una publicación referida a la contaminación con metales pesados en Espinar (Cusco).

“Aquí hay un tema de censura y de afectación a la libertad de opinión y de información. Recibimos la información [sobre el caso de Margarita Cahuana], cruzamos la información, la verificamos y levantamos la noticia y recibimos los resultados del hijo, pero hay una denuncia penal, que en los hechos tiene una finalidad clara: callarnos la boca y censurarlos”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Uno de los temas de esa discusión y del famoso Espinarazo era precisamente la afectación de personas con metales pesados. Hay una carta famosa de la Defensoría del Pueblo donde acredita que la gente está volando en metales pesados, por encima de los límites máximos permisibles, y con grave amenaza a la salud de la gente”, refirió.

Sin política pública

El abogado del IDL cuestionó que el Estado no brinde atención oportuna a las personas afectadas con metales pesados. Advirtió que se le ha interpuesto una denuncia por poner en evidencia este tipo de hechos.

“En el marco de ese proceso de incumplimiento [por parte del Estado] levantamos la noticia y sacamos un artículo sobre las primeras víctimas de la inacción del Estado. Ahí comenzó el problema, porque el procurador del Ministerio de Salud nos denunció ante el fiscal provincial, primero de Espinar y, luego, el caso se fue a Arequipa y ha ido cambiando la imputación, por supuestamente haber falsificado los resultados de Censopas”, sostuvo.

“También ocurre en los derrames de petróleo, igualito. Ahí se ha ganado una sentencia y hasta ahora el Estado no brinda, y no tiene una política pública de atención de las personas afectadas por metales pesados. Ese es el tema de fondo, y en vez de invertir recursos en generar esa política, no tiene mejor idea que abrir proceso penal a los que hemos puesto esto en evidencia”, argumentó.

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