José de Echave: Es bastante probable que el 28 de julio se esté anunciando un nuevo “paquetazo ambiental”

Mensaje a la Nación

Ideeleradio.- Es bastante probable que el 28 de julio, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte esté anunciando un nuevo “paquetazo ambiental”, es decir un conjunto de medidas que implicarían bajar estándares sociales y ambientales, y la eventual precarización de la institucionalidad, dijo José de Echave, investigador de CooperAcción.

Fue al detallar las conclusiones y alertas del 34° Observatorio Conflictos Mineros en el Perú, una plataforma informativa y de análisis integrada por CooperAcción, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), y el Grupo de Formación e intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides).

“Se han planteado varios temas claves que se abordan en este último informe del observatorio de conflictos mineros. Se ha anunciado y, además, lo ha dicho el propio ministro del Ambiente, que es bastante probable que el 28 de julio se esté anunciando, digamos, la implementación de lo que en el Perú hemos denominado como un nuevo ‘paquetazo ambiental’”, advirtió en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

De Echave Cáceres expresó, en ese sentido, su preocupación frente a la posibilidad de que el Gobierno asuma nuevamente la posición empresarial que cuestiona la llamada “tramitología”. Indicó que este discurso no es nuevo, pues se basa en el mismo diagnóstico y argumento de que agilizando los procesos se van a lograr destrabar los proyectos de inversión minera.

“Hay una larga historia. Desde el año 2013, 2014 comenzaron a implementarse un conjunto de medidas para bajar estándares ambientales a través de decretos supremos, leyes, bajo la hipótesis y respondiendo a un discurso empresarial, a un diagnóstico empresarial que el principal problema que tienen los proyectos mineros es el exceso de trámites, el exceso de permisos, lo que ellos denominan como la tramitología, la permisología”, explicó.

“Y por eso, vemos con preocupación que el Gobierno haya asumido plenamente ese discurso [empresarial sobre la tramitología] y más bien esté anunciando un conjunto de medidas para seguir agilizando trámites, lo que, en la práctica, significa bajar estándares sociales y también bajar estándares ambientales. Esta es una fórmula que, como mencionaba, ya se ha aplicado y no ha dado resultados”, añadió.

Un diagnóstico equivocado

El integrante de CooperAcción sostuvo, además, que la agilización de trámites es una receta que no ha funcionado, en la que el Gobierno sigue insistiendo, porque es la propuesta que viene del sector empresarial. Cuestionó, del mismo modo, que se sostenga que los conflictos no tienen bases objetivas.

“Digamos [insisten en esto] porque es la receta y es la exigencia, es el objetivo digamos programático del sector empresarial y ese objetivo ha sido asumido plenamente por este gobierno, como también fue asumido por gobierno anteriores. Estamos hablando de un conjunto de decretos supremos que agilizaron, acortaron plazos, que incluso sancionan a los funcionarios que no cumplen con esos plazos, y nada de eso ha funcionado, porque se parte de un diagnóstico que, desde nuestro particular punto de vista, es errado, es equivocado”, indicó.

“Se piensa que los conflictos no tienen bases objetivas, que los conflictos son producto de manipulaciones, de posiciones antiinversión y no una afectación clara de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y al agilizar trámites lo que se está haciendo es agudizar una situación ya complicada y difícil. Entonces, es una receta que no ha funcionado, pero se sigue insistiendo, porque es la propuesta que viene del sector empresarial”, precisó.

Los estándares ambientales

Finalmente, subrayó que el Perú ha tenido un gran flujo de inversión y duplicado la producción con los actuales estándares sociales y los estándares ambientales, que hoy se ponen bajo cuestionamiento por el sector industrial.

“Ellos [los empresarios] quisieran vivir en el reino de la autorregulación, donde el Estado prácticamente deje, digamos, a la voluntad de las empresas que se hagan las cosas, sobre todo en los territorios de zona de influencias de la minería. Y esto lo que va a traer y lo que ha traído es mayor conflictividad social, mayor afectación de derechos y mayor conflictividad social”, manifestó.

“No hay sustento, no hay fundamento para que se pueda sostener que, de esa manera, los flujos de inversión van a llegar a un país como el Perú, porque eso no ha ocurrido y más bien cuando el Perú ha dado saltos importantes en flujo de inversión y ha duplicado la producción lo hizo con los estándares sociales y los estándares ambientales que hoy en día se quieren traer abajo”, apuntó.

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#JoséDeEchave (@jdeechave): De la pandemia hasta ahora, han sido asesinados más o menos 17 defensores ambientales, principalmente líderes indígenas de la Amazonía, que se enfrentaban a diferentes actividades ilegales. https://t.co/3TCD2688H9 pic.twitter.com/Ke6lj4aIE2

— Ideeleradio (@ideeleradio) July 17, 2024

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