Jorge Pérez Rubio - Ideeleradio
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La invasión de las tierras

Ideeleradio.- Ley 31973, conocida como la Ley Antiforestal, abre la puerta a la deforestación, la degradación de los bosques, la invasión de las tierras y de la impunidad, y por eso pedimos su derogatoria, dijo Jorge Pérez Rubio, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

“Nosotros, como Aidesep, nos hemos manifestado en contra de la modificación de la Ley Forestal. Se abrió la puerta de la deforestación, de la degradación y, asimismo, la invasión de las tierras y de la impunidad, porque hay miles y miles de hectáreas de tierra que han sido deforestadas por algunas empresas, por el narcotráfico y por otros, que eso va a quedar en total impunidad”, dijo en diálogo con Ideeleradio.

“Y también hemos exigido que la Ley Forestal respete el territorio de los pueblos indígenas que todavía no están titulados y son los más vulnerables. Ahora con eso, el criterio de estudio para la cuestión agraria quedó prácticamente abierta”, añadió.

Somos muy escépticos

Pérez Rubio subrayó, en ese sentido, la importancia de que la ley que modifica la norma forestal sea derogada, aunque se mostró muy escéptico respecto a lo que el Tribunal Constitucional pueda resolver en torno a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Sociólogos de Lima, con el respaldo de un colectivo de más de 100 organizaciones.

“Nosotros estamos realmente preocupados. […] Por eso pedimos de que esa ley se derogue y revisemos mejor cómo proteger al territorio de los pueblos indígenas y cómo mejorar el sector agrario del país”, manifestó.

“[¿Confía en lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional sobre esto?] Bueno, nosotros somos muy escépticos, pero esperemos que sea lo mejor para los peruanos”, agregó.

La Amazonía

Finalmente, advirtió que tanto la ley antiforestal como la ley anti-PIACI, que busca desconocer la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), tiene una sola matriz: afectar a la Amazonía.

“Tanto la ley antiforestal, como la ley anti-PIACI que hemos llamado, tiene la misma matriz y la matriz es abrir las puertas de la Amazonía para llevar adelante actividades como la actividad forestal, la actividad maderera, la actividad petrolera, entre otros, y que podría dar pie también al incremento de la minería ilegal, que viene aumentando bastante en el país en la Amazonía”, señaló.

“Aproximadamente 20 millones de hectáreas todavía están exigiendo los pueblos indígenas para su titulación. El Estado es bastante renuente en avanzar en ese pedido porque obviamente hay intereses económicos y políticos que lo impiden”, puntualizó.

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