Podría ser el primer juicio

Ideeleradio.- Es probable que la Fiscalía opte por formular de frente una acusación en contra de la exalcaldesa Susana Villarán y sea el primer juicio que se inicie, estimó el ex procurador adjunto Iván Meini, al señalar que si se confirma la hipótesis del Ministerio Público se estaría configurando la comisión de un presunto delito.

Fue al referirse a la declaración del exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, sobre la entrega de 3 millones de dólares para la campaña de la NO revocatoria de Villarán de la Puente.

“Es probable [que la Fiscalía vaya de frente a la acusación porque no hay pedido de prisión preventiva] y porque con el mismo estándar probatorio otras personas están detenidas preventivamente. Parecería que esta hipótesis [de formular acusación] es la que está barajando el Ministerio Público. Probablemente [sea el primer juicio que se inicie]”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Meini Méndez explicó que si el Ministerio Público logra demostrar los hechos que son investigados, los aportes que habría hecho Odebrecht para la campaña del No a la revocatoria, se estaría configurando un acto ilícito.

“En el caso de Susana Villarán parece —por lo que se está conociendo— que 3 millones de dólares habrían sido recibidos por ella a cambio de ciertos favores políticos o de condicionar cierto entorno favorable a la empresa Odebrecht. Si eso se logra demostrar, eso es delito”, explicó.

Prisión preventiva no es pena adelantada

El catedrático opinó, en otro momento, en torno a la posible variación de la comparecencia restringida que tiene Villarán de la Puente por una prisión preventiva. Apuntó que la prisión preventiva no es una pena adelantada, sino una forma de afrontar una investigación a nivel del Poder Judicial.

“Ahora que por esa evidencia o por esos indicios tenga que estar en prisión preventiva es una cuestión distinta, porque la prisión preventiva no es una pena adelantada, para nadie debería serla. La prisión preventiva se justifica o solamente cuando hay un peligro procesal, de fuga o un peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria”, explicó.

“Si distinguimos estos dos razonamientos, una cosa es que haya evidencia para pasar a una acusación y a un juicio; y otra es si esa persona —por peligro de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria— tenga que enfrentar esa investigación en la cárcel”, anotó.

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