Ines Tello - Ideeleradio
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Sin compromiso real de toda la magistratura

Ideeleradio.- No existe ningún impedimento para inhabilitar al mal funcionario o servidor que comete actos de corrupción, dijo la exmagistrada Inés Tello, tras señalar que se debe mira con atención cómo los jueces aplicarán este dispositivo legal y si actuarán con celeridad y severidad al resolver este tipo de casos.

Fue al comentar el Decreto Legislativo N° 1243, que publicó el Poder Ejecutivo, que incorpora la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública.

“He escuchado los debates sobre la ley que modifica la inhabilitación. Hay muchas críticas sobre ciertos aspectos de la ley, pero a mí lo que me interesa es cómo lo van a identificar los jueces, cómo van a aplicar los jueces estas inhabilitaciones, porque de ellos va a depender tener procesos céleres y que se resuelvan rápidamente”, indicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Aquí [en este tipo de procesos se resuelve si] o eres corrupto o no eres corrupto. Si no eres, te absuelvo; si lo eres, debo aplicar la norma con severidad. Allí hay un gran trabajo para comprometer a los jueces, que se concientice cuál es la trascendencia de este problema”, indicó.

Tello de Ñecco sostuvo que percibe que no hay un compromiso real de toda la magistratura en la lucha contra la corrupción. Dijo que la corrupción en el Poder Ejecutivo puede tener una alerta de cuidado con lo que podría suceder si los jueces asumen su rol y sancionan debidamente todos estos actos de corrupción.

“Por eso es que la aplicación de esta ley que inhabilita, es decir que impide el ejercicio de la función pública, [la muerte civil] es importante”, sostuvo.

Inhabilitación en casos de terrorismo

Por otra parte, al referirse a los cuestionamientos por la supuesta inconstitucionalidad de la inhabilitación perpetua, indicó que si uno revisa el Código Penal, ya hay una inhabilitación perpetua para los condenados por terrorismo en el sentido de que estos no pueden trabajar otra vez en el sector educación.

“Yo me pregunto, ¿la corrupción no es una grave amenaza al Estado democrático? Si ya está incorporada y aceptada esta disposición [en casos de terrorismo], yo no creo que exista ningún impedimento para también inhabilitar al mal funcionario o servidor que comete actos de corrupción”, argumentó.

“[Eduardo] Vega tiene razón porque la independencia del juez es evidentemente una garantía del ciudadano, pero yo percibo que no hay un compromiso real de toda la magistratura en la lucha contra la corrupción. No se es lo suficientemente firme en las sanciones”, apuntó.

 

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