Carlos Rivera - Ideeleradio
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Recurso de casación

Ideeleradio.- El Instituto de Defensa Legal (IDL) solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que realice una audiencia de supervisión de cumplimiento de su sentencia de 1997 en el caso Ernesto Castillo Páez, joven estudiante desaparecido el 21 de octubre de 1990, anunció Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL.

Fue al sostener que el Estado peruano está incumpliendo sus obligaciones internacionales al conceder beneficios penitenciarios a las personas que han sido condenadas por delitos de desaparición forzada y que no han revelado el paradero de la víctima.

“Hemos presentado un recurso de casación para que sea la propia Corte Suprema la que restablezca las reglas de interpretación de las normas internacionales y las obligaciones que surgen de las sentencias de un tribunal internacional”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Lo segundo, estamos informando a la Corte Interamericana y vamos a solicitarle una audiencia de supervisión de cumplimiento. Es decir, los estándares de cumplimento de la ley interna se tienen que sujetar al derecho internacional”, apuntó.

Una obligación internacional

Rivera Paz cuestionó, en ese sentido, el beneficio que el Poder Judicial concedió al coronel PNP (r) Juan Carlos Mejía León en el 2015, pese a que hay una sentencia por desaparición forzada y un fallo de la Corte Interamericana.

“El caso tiene una sentencia a nivel de la Corte IDH y hay una obligación internacional de que el Estado encuentre los restos de la persona desaparecida. El Ministerio Público en los casos La Cantuta y Castillo Páez inicia investigaciones a nivel de la Cuarta Fiscalía Supranacional para determinar dónde está el paradero de las víctimas, y en esas investigaciones se llama a Mejía León para que cumpla su palabra sobre la cual se le había otorgado un beneficio penitenciario el 2015, relató.

El abogado del IDL recordó que Mejía León se comprometió a colaborar en el esclarecimiento del cuerpo de Castillo Páez y que eso no ha sido tomado en cuenta, recientemente, tampoco por la Sala Penal Nacional que preside Miluska Cano. Consideró que esos son varios pasos hacia atrás en la interpretación de las obligaciones internacionales.

“Mejía León dice que él no tiene nada que ver con el crimen, que la desaparición forzada la cometió Sendero Luminoso. En esa lógica, el Poder Judicial casi como cómplice de Mejía León. Eso lo expusimos en junio de este año, ante el tribunal presidido por Miluska Cano, y entendíamos que ella iba a hacer preponderar las obligaciones internacionales del Estado peruano, como muchas veces ella había dictaminado y sentenciado”, aseveró.

“Nos hemos sorprendido hace unos 10 días, que nos llegó una resolución en la que se termina de imponer la lógica del sistema judicial de que la pena de Mejía León está cumplida […] y, por lo tanto, no hay nada que reclamar. Y respecto del otro argumento, las obligaciones internacionales prácticamente ni las menciona. No menciona la palabra sentencia, la palabra Corte Interamericana ni la palabra obligación internacional, y dice que en este tipo de circunstancias no se puede impedir la liberación de una persona respecto de una obligación del Estado”, acotó.

Rivera Paz consideró que este es un grave precedente en materia de crímenes de desaparición forzada. Mostró, por ello, su esperanza en que la Corte Suprema o la Corte Interamericana reviertan esta situación en el menor tiempo posible.

“Ni el indulto ni el beneficio penitenciario son derechos, son beneficios y se dan bajo la lógica de la discrecionalidad. Acá hay visos graves de un fraude a la ley [por parte del condenado]. O sea, no puedes decir que se le otorga el beneficio bajo el argumento de que le creen al condenado después que lo liberen. Ese es un fraude a la ley, a la justicia y lo peor es que el tribunal de derechos humanos decida comerse con zapato y todos estos argumentos, bajo el criterio de que ya se cumplió el plazo”, refirió.

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