Juan Carlos Ruiz Molleda - Ideeleradio
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Una arbitrariedad

Ideeleradio.- La sentencia que remarca los derechos a la libertad de expresión en favor de Jennifer Moore, una activista canadiense que defiende el medioambiente, sienta un precedente importante y es un llamado de atención al Ministerio del Interior, la Policía, y la Jefatura Zonal de Cusco de la Superintendencia Nacional de Migraciones, opinó Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del Área de Pueblos Indígenas del IDL.

Fue al referirse al caso de Jennifer Moore, quien fue detenida entre el 21 y 22 de abril de 2017 cuando se encontraba junto al ciudadano estadounidense John Edward Dougherty en la Casa de la Cultura de la ciudad de Cusco, tras la presentación del vídeo documental El Fraude de Flin Flon, relativo a los impactos de las actividades de la empresa minera Hudbay Minerals en comunidades en Canadá, los Estados Unidos de América, Guatemala y Perú.

“Hemos sido notificados el jueves pasado de la sentencia del primer juzgado penal de la Corte Superior de Justicia de Lima donde se reconoce la arbitrariedad en la detención de Jennifer Moore. El 21 y 22 de abril del 2017 Jennifer Moore, una canadiense activista en favor del medioambiente, fue detenida en Cusco simplemente por difundir vídeos que cuestionaban malas prácticas de la empresa minera Hudbay, que opera el proyecto minero Constancia en Cusco”, refirió en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“La jueza no solo dice que no se ha afectado el orden interno, lo que dice es que hacer un trabajo de activismo no es afectar el orden público, al contrario, dice que eso es ejercer la libertad de expresión. Y eso es importante, porque la jueza insiste en que ejercer el derecho a la protesta es ejercer también el derecho a la libertad de reunión. Es una sentencia importante, sienta un precedente, vamos a pelear la apelación, pero creo que este es un llamado severo de atención al Mininter, a la Policía, a Migraciones”, indicó.

El debido proceso

Ruiz Molleda recordó que a raíz de esa irregularidad se planteó un habeas corpus contra la Policía, el Ministerio del Interior y Migraciones, el cual fue presentado por diferentes organizaciones del movimiento nacional de derechos humanos, entre estas el IDL, Fedepaz, Aporvidha, DHSF y CooperAcción.

Explicó que la resolución del 1º Juzgado Penal declaró fundada la demanda de hábeas corpus parcialmente, porque señala que este proceso administrativo sancionador que se impulsó en Migraciones es nulo porque no se cumplió el debido proceso. El letrado explicó que, según la norma, solo se puede retener a una persona en caso haya una orden judicial o flagrancia con fines de identificación.

“No respetó las garantías mínimas del debido procedimiento en favor de Jennifer Moore. Esto es muy importante en un contexto donde hay muchos líderes sociales, dirigentes de comunidades campesinas y nativas que son procesados por defender su territorio”, subrayó.

“La sentencia, si bien es buena, en algunas cosas se queda corta, y vamos a apelarla, porque lo que nosotros pedimos es que el juez ordene al Ministerio del Interior, acciones para que esto no vuelva a ocurrir. Ya hemos presentado la apelación.

Un caso representativo

Finalmente, señaló que este es un caso representativo de lo que ocurre en el país con relación a los defensores y defensoras de derechos humanos, y en general con la criminalización de la protesta.

“Mira lo que dice la jueza, no lo decimos nosotros: demostrando de esta manera una evidente parcialidad hacia la empresa lo cual puede resultar entendible porque existe un convenio interinstitucional entre dicha empresa y la Policía”, aseveró.

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