Maritza Quispe - Ideeleradio
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Le quita facultades

Ideeleradio.- El proyecto que busca modificar la Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (PIACI) debe ser rechazado, porque coloca a esta población en una amenaza cierta e inminente, sostuvo Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al referirse al proyecto de Ley 3518/2022 presentado por el congresista Jorge Morante (Fuerza Popular), que busca dar competencia a los gobiernos regionales en materia de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial.

“Lo más grave de este proyecto de ley es que se pretende revisar las reservas ya creadas. Eso nos parece, digamos, grave porque ya el Ministerio de Cultura a través de estudios científicos y rigurosos ha reconocido la existencia de pueblos en aislamiento en estas áreas, pero además el Poder Ejecutivo, a través de decreto supremo, ha reconocido la existencia de pueblos en aislamiento”, dijo en conversación con Ideeleradio.

“Entonces, un proyecto de ley que pone en una amenaza cierta e inminente a los pueblos en situación de aislamiento tiene que ser rechazada. Nos sorprende que entidades del Estado, algunos congresistas de la República estén amparando este proyecto de ley, sin conocimiento previo de qué significa los pueblos en situación de aislamiento para el Perú”, apuntó.

Quispe Mamani, integrante del Área Legal de Pueblos Indígenas del IDL, cuestionó, del mismo modo, que dicha iniciativa plantee quitarle facultades al Ministerio de Cultura para otorgárselas a los gobiernos regionales.

“¿Por qué no se debe de aprobar este proyecto de ley? Nuevamente, señalar que el año 2022, el congresista Jorge Morante del partido fujimorista presentó el proyecto de ley que pretende quitarle facultades al Ministerio de Cultura para otorgarle facultades a los gobiernos regionales para que sean estos quienes establezcan y creen las reservas indígenas para pueblos en aislamiento”, indicó.

Normas internacionales

La abogada argumentó, además, que el contenido de dicho proyecto no solo desconoce la Ley 28736, la Constitución y los pronunciamientos internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), y el Convenio 169 de la OIT.

“Siento que hay un desconocimiento de qué son los pueblos en aislamiento en el Perú y cuál es la fragilidad que tienen estos pueblos. Creo que es importante señalar que los pueblos en aislamiento no solo existen en el Perú. Los pueblos en aislamiento existen en diferentes países como Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, parte del Gran Chaco, etcétera”, señaló.

“Entonces, como consecuencia de ello se ha podido determinar o establecer normas internacionales que protegen a esos pueblos. Entonces, lo que pretende este proyecto de ley es desconocer no solo la Ley 28736, que es la ley en materia de protección de pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial, sino que se pretende desconocer normas internacionales que protegen a estos pueblos”, acotó.

Demanda de inconstitucionalidad

La integrante del IDL precisó que, si el proyecto se convierte en una ley, existe la posibilidad de que el caso pueda llegar al Tribunal Constitucional (TC), a través de una demanda de inconstitucionalidad presentada en el marco del artículo 203 de la Carta Magna.

“Se han iniciado una serie de acciones, las organizaciones indígenas están teniendo una serie de reuniones con los congresistas de la República, la Defensoría del Pueblo, hay una campaña de por medio, pero de aprobarse este proyecto de ley —y ojalá no sea así— creo que hay instrumentos constitucionales que las organizaciones indígenas o la sociedad, en general, pueden utilizar”, explicó.

“Estamos hablando de una demanda de inconstitucionalidad, porque este proyecto de ley vulnera los derechos a la vida y subsistencia de estos pueblos para que sea el Tribunal Constitucional quien expulse del ordenamiento jurídico este proyecto de ley —de aprobarse tendría que ser una ley— y, consecuentemente, cuestionar esta ley para que el Tribunal Constitucional nuevamente pueda declarar la inconstitucionalidad de esta norma”, enfatizó.

Finalmente, recordó que las organizaciones indígenas y organismos no gubernamentales han iniciado una campaña para proteger a los pueblos en situación de aislamiento y de contacto inicial.

“Nosotros desde el Instituto de Defensa Legal, conjuntamente con las organizaciones indígenas, en este caso Orpio y Aidesep, y otras instituciones aliadas estamos ahora en una campaña a favor de los PIACI, que busca que los ciudadanos y ciudadanas puedan unirse en la defensa de los PIACI, en la defensa de poblaciones que históricamente han sido diezmadas en sus derechos y que lo que se pretende con esta ley es volver a la época del caucho, ¿Para qué? Para desaparecer a esta población”, subrayó.

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