Juan Carlos Ruiz - Mario López (Foto: Presidencia)
Juan Carlos Ruiz - Mario López (Foto: Presidencia)

 

 

Ideeleradio.- El Acuerdo de Escazú es un tratado importante que precisa y desarrolla mejor el contenido de algunos derechos que ya están reconocidos en la Constitución, pero también en tratados internacionales, dijo Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al comentar las declaraciones del canciller Mario Juvenal López, quien sostuvo que la posición del Gobierno es de seguir dialogando sobre el tema: “Hay una discusión que se ha abierto a nivel nacional. Pero, hay una posición que es la de seguir dialogando, conociendo los pro y los contra. No ratificarlo todavía, no hay un consenso”, dijo el funcionario en Canal N.

“Es de lamentar [esa posición del canciller]. Se trataba de la ratificación de un tratado internacional de derechos humanos. No es una declaración en la que, de alguna manera, se pone en blanco y negro aspiraciones. Lo que se iba a hacer es incorporar en el ordenamiento jurídico un nuevo tratado internacional de derechos humanos”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Contenido de derechos

Ruiz Molleda subrayó que el Acuerdo de Escazú es un tratado importante que precisa y desarrolla mejor el contenido de algunos derechos que ya están reconocidos en la Constitución y tratados internacionales.

“En realidad, no se reconoce un nuevo derecho, lo que se hace en realidad [con el Acuerdo de Escazú] es desarrollar el contenido de, por lo menos, cuatro derechos: el derecho a la participación en asuntos ambientales, el derecho al acceso a la información ambiental, el derecho a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, y cosas interesantes sobre protección de defensores”, aseveró.

“Ahora, de otro lado, los derechos humanos y la protección del medioambiente no son un asunto interno, son asuntos que le interesan a la comunidad internacional. Estamos hablando de temas que atraviesa todos los países. La protección del medio ambiente es un interés difuso. Mira, el 60% de la causa de sobrecalentamiento de los efectos de gas invernadero en el Perú es por deforestación. 150 mil hectáreas por año se deforestan, y la tasa está creciendo”, puntualizó.

El abogado consideró que hay temores infundados por parte de quienes cuestionan la ratificación del mismo en el Congreso. Rebatió, además, los argumentos que apuntan a una cuestión de soberanía, los cuales calificó de falacias.

“El argumento central de ellos es la soberanía. Si les preocupa la soberanía, mejor no hubieran firmado ningún tratado ni de derechos humanos ni de comercio. Hay un concepto de soberanía del siglo XVIII. O sea, los países no pueden estar encerrados en sí mismos, los países tienen que vincularse, que relacionarse”, puntualizó.

TC y derecho a la protesta

Finalmente, resaltó la resolución del Tribunal Constitucional que reconoce por primera vez en el Perú, el derecho fundamental innominado a la protesta social, en un contexto de criminalización de defensores de derechos humanos.

“En un país donde hay criminalización de la protesta y de líderes sociales, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es muy importante. Ha sacado una sentencia donde ha reconocido un nuevo derecho: el derecho a la protesta. Primero, es una sentencia obligatoria, que desarrolla un conjunto de reglas que tienen que ser tomadas en cuenta por los jueces, fiscales y policías cada vez que investigan y procesan a gente en el contexto de protestas sociales”, remarcó.

“Es importante difundir esta sentencia, discutirla, analizarla. Por ejemplo, ¿cuál es el límite del derecho a la protesta? Una cosa es la medida de fuerza legítima, como la toma de carreteras, y otra cosa es un acto de vandalismo y de violencia que tiene que ser sancionado. Este evento es para eso, para conversar, para discutir, para analizar el derecho a la protesta”, declaró.

Conversatorio virtual

Finalmente, anunció que el viernes 24 de julio se desarrollará el Conversatorio virtual: El reconocimiento jurisprudencial del derecho a protestar en el Perú, que busca analizar dicha sentencia del TC. El evento online es organizado por el Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos sin Fronteras de Cusco, Asociación por la Vida y la Dignidad de Cusco, Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno.

“Es una oportunidad, es un evento para poder discutir y desmenuzar esta sentencia que, dicho sea de paso, es vinculante. Es decir, es doctrina jurisprudencial. No es que el Tribunal da una opinión, sino que estás generando reglas que tienen que ser implementadas”, concluyó.

 

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