Carlos Rivera - Ideeleradio
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Ideeleradio.-  La investigación preliminar iniciada en contra del fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho por allanar las oficinas de los asesores del entonces titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, es un disparate, subrayó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Fue al cuestionar la resolución de Escarleth Laura Escalante, quien dispuso investigarlos por un plazo de 120 días, por el presunto delito de abuso de autoridad.

“Yo lo calificaría como un verdadero disparate. Un fiscal en el curso de una investigación de carácter preliminar puede desarrollar todo tipo de actos de investigación y puede citar a cualquier persona”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Hay legitimidad y legalidad del acto, ningún abuso de autoridad. No es que Pérez Gómez se ha ido porque se le ocurrió [allanar], sino que cumplió con el procedimiento formal que es hacer un requerimiento al Juzgado de Investigación Preparatoria y este lo autorizó vía una resolución judicial”, acotó.

Rivera Paz sostuvo que la Constitución señala cuáles son las prerrogativas que tienen los altos funcionarios, y que en ningún caso impide la posibilidad de citar a altos funcionarios como testigos o desarrollar diligencias que comprendan a su entorno.

“Creo que los ejemplos que hemos tenido en los últimos tiempos, de fiscales inclusive citando al mismo presidente de la República como testigo, estoy hablando del caso de Hamilton Castro con PPK es el mejor ejemplo de que no existe ningún tipo de protección ni legal ni constitucional para presentarse o ser citados como testigos”, acotó.

“Que se argumente de que los asesores de una persona como el fiscal de la Nación tenga ese nivel de protección es un mayor disparate en realidad. La protección constitucional se da únicamente a la persona en determinadas circunstancias, no a su despacho, no a sus oficinas y menos a los papeles y mucho menos a los asesores de ese alto funcionario. Quien pretenda hacer ese tipo de interpretación debería volver a estudiar derecho constitucional, detalló.

El letrado explicó que el pedido de la Fiscalía y la autorización del Poder Judicial se debió a que en las audiencias del caso Cocteles se presentó como un elemento de convicción que el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, estaba desarrollando “actos de entorpecimiento de la actividad probatoria”.

“Por lo tanto, resultaba absolutamente legítimo que la Fiscalía disponga un acto de investigación para encontrar algún tipo de documento o prueba documental que pueda vincular a esta persona con respecto a estos actos de entorpecimiento”, indicó.

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