Álvaro Másquez Salvador - Ideeleradio
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Información suficiente

Ideeleradio.- Es constitucional y legal que las comunidades indígenas pidan a Perupetro que se reestructure la consulta previa del lote 200, porque el actual proceso se ha estado haciendo a través de un decreto de dos hojas y no del contrato mismo de exploración y explotación de hidrocarburos, sostuvo Álvaro Másquez, especialista legal del Área de Pueblos Indígenas del IDL.

Fue al confirmar que 11 comunidades afectadas por el mencionado proyecto, tanto de los pueblos shipibo-conibo y asháninca, solicitaron a la empresa estatal Perupetro, que se retrotraiga parte del proceso.

“La empresa necesita la autorización de las comunidades, pero en el camino ha habido una serie de irregularidades, no se va a consultar a las comunidades con el contrato que tiene el Estado con la empresa, sino solo con el decreto supremo que aprueba el contrato. Las comunidades se reunieron y descubrieron que estaban decidiendo en base a una lámina, unas diapositivas y un mapa blanco y negro. Esa no es información suficiente”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

¿Cuál es la prisa?

Másquez Salvador consideró que en base al principio de flexibilidad es posible retroceder dos etapas previas del proceso, dado los instrumentos internacionales vigentes y los antecedentes en otros casos. Remarcó que los pueblos exigen que se les dé el contrato, por transparencia y publicidad.

“El jueves se ha formalizado el pedido a través de Miguel Guimaraes a Perupetro. Son 40 años por los cuales se va a explorar y explotar petróleo. Como señalan las comunidades, ¿por qué no esperar un par de meses más para hacer la consulta bien hecha? ¿Cuál es la prisa? El Estado ya ha suspendido dos veces la consulta por problemas internos, ha pasado la competencia —irregularmente en nuestra opinión— del Ministerio de Energía y Minas a Perupetro, y eso no ha sido consultado con las comunidades”, declaró.

“Es constitucional y legal [que se pida que se pase de la etapa 5 a la etapa 3], y ha habido experiencias previas, como el de Hidrovía Amazónica y el lote 192 […] El pedido está en Perupetro, y de acuerdo a su respuesta, podemos apelar al Viceministerio de Interculturalidad, y si este no está de acuerdo con nuestra posición judicializaremos este caso”, anunció.

Finalmente, informó que son 11 las comunidades de la región Ucayali que han expresado, en una última reunión, sus serias preocupaciones por la manera en que el Estado ha venido conduciendo el proyecto del lote 200, un polígono de casi 500 mil hectáreas en la que se prevé explotar petróleo.

Participaron los representantes de las comunidades de Puerto Firmeza, Panaíllo, Santa Clara de Yarinacocha, Santa Clara de Uchunya, San José de Tununya, Shambo Porvenir, Nuevo Egipto, Nuevo San Juan, Santa Teresita de Cashibococha, Santa Lucía y San Salvador. Participaron además la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), la Organización Regional AIDESEP de Ucayali (ORAU) y el Consejo del Pueblo Shipibo, Conibo y Xetebo (Coshicox), con la asistencia técnica de miembros del Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

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