Álvaro Másquez - Ideeleradio
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El Estado no cumple

Ideeleradio.- Es lamentable que el Poder Ejecutivo no haya podido intervenir efectivamente ni implementado medidas de protección en los casos de las comunidades de Unipacuyacu, Flor de Ucayali, Sinchi Roca I y Yamito, que ya cuentan con medidas de protección otorgadas por el Ministerio de Justicia, sostuvo Álvaro Másquez, integrante del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Viendo los casos históricos, los casos emblemáticos, los casos que han estado allí sobre todas las regiones amazónicas, sigue siendo lamentable que todavía el Poder Ejecutivo no haya podido intervenir efectivamente en casos como los de Unipacuyacu, Flor de Ucayali, Sinchi Roca I, Yamito, que son comunidades que cuentan con medidas de protección otorgadas por el Ministerio de Justicia, pero hasta ahora no hemos visto un esfuerzo audaz por implementarlas en la realidad”, señaló en diálogo con Ideeleradio.

“Entonces, hay una demanda efectiva de que se cumpla con la protección que promete el Estado. Y mientras no cumple el Estado, ¿qué es lo que está pasando?, avanzan los taladores ilegales, avanzan los mineros ilegales, avanzan los narcotraficantes. Y nuestros pueblos y comunidades indígenas continúan en situación de desprotección”, anotó.

Una situación crítica

Másquez Salvador recordó que, en el año 2022, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) empezó a otorgar las medidas de protección en una decena de casos, pero cuestionó que no haya una respuesta integral desde el Estado para atender la crisis en la Amazonía.

“A lo largo del año 2022, el Ministerio de Justicia, por lo menos, en una decena de casos, empezó a otorgar las medidas de protección a pesar de no contar todavía con los vistos buenos o los informes, digamos, de actividades que debiera desarrollar la Policía Nacional”, refirió.

“Esto revela una situación crítica dentro del Poder Ejecutivo, donde algunos están haciendo su tarea y otros, más bien, no. Y lo que eso significa en el escenario actual en que vivimos es que no funciona la respuesta del Estado para atender la crisis en la Amazonía, sobre todo”, acotó.

Dos problemas

El investigador del IDL identificó, en ese sentido, la existencia de dos problemas que han dificultado la implementación del Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

Explicó que el primer problema está vinculado a la crisis política, pues en el actual escenario lamentablemente “el Ejecutivo ha tenido otras prioridades que le han tomado la mayor parte de su tiempo”.

“Es realmente difícil para las personas defensoras ambientales y pueblos indígenas, y aquellos que también se dedican a la protección del medioambiente buscar protección cuando están cambiando rápidamente los funcionarios públicos en sectores clave, como Justicia o Interior, y al mismo tiempo el Ejecutivo está utilizando sus energías en atender otros problemas vinculados a las crisis precisamente generadas por las protestas legítimas del pueblo que reclama sobre el gobierno que tenemos ahora mismo”, indicó.

Precisó que un segundo inconveniente tiene que ver con que la Policía Nacional no haya fijado los lineamientos que van a servir para que esta entidad ejecute las medidas otorgadas por el Ministerio de Justicia.

“El segundo problema está orientado a algunos actores viejos que, más bien, nunca se interesaron en que este mecanismo funcione y que continúan siendo un lastre para que este objetivo se cumpla. Y me refiero puntualmente a la Policía Nacional que, dentro del Ministerio del Interior, sigue siendo la entidad que con, digamos, el paso de los años, aún no cumple con señalar cuáles van a ser las normas —aquellos famosos lineamientos— que van a servir para ejecutar las medidas que va otorgando el Ministerio de Justicia a favor de comunidades indígenas”, aseveró.

Desprotección de los defensores

Finalmente, mencionó que la situación de desprotección de los defensores de derechos humanos en las comunidades sur andinas y las amazónicas continúa siendo crítica en todo el país, en el actual contexto de crisis política.

“Por supuesto [la situación de desprotección sigue]. La situación continúa siendo crítica en todo el país. Y quiero detenerme sobre todo en lo que ocurre en las regiones andinas y amazónicas. Lo que está pasando, con el escenario actual de crisis, es que estamos viendo a las personas defensoras de derechos humanos protestando en las calles, en diferentes ciudades de nuestro país, empezando por Lima, pero sobre todo en las ciudades del sur andino, y lo que estamos viendo es que el mecanismo intersectorial no está sirviendo para que puedan estas personas manifestantes recurrir a protección de sus derechos”, manifestó.

“Contamos ya más de sesenta muertos en contextos de protesta, y muchos de ellos y ellas han sido personas defensoras de derechos humanos. Entonces, desde allí tenemos y empezamos ya por una situación crítica con lo que está aconteciendo como un factor nuevo que genera problemas en la forma en que está funcionando esta herramienta”, acotó.