Juan Carlos Ruiz - Ideeleradio
Juan Carlos Ruiz - Ideeleradio

Ideeleradio.- El Decreto Legislativo 1245 que endurece las penas para quienes atenten contra la estructura del Oleoducto Norperuano es una medida parcial, porque no resuelve el tema de la falta de mantenimiento ni incide en la responsabilidad de los directivos de Petroperú, denunció Juan Carlos Ruiz, coordinador del Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL).

 Fue al comentar el aumento de penas máximas que van de 6 a 10 años de cárcel para quienes atenten contra la infraestructura utilizada para la exploración, explotación, distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados.

“Es el Decreto Legislativo 1245 que explicita [eso] y no era necesario. Yo creo que esto es un problema y hay que sancionar a todo aquel que comenten delitos. Creo que los que atentan contra el oleoducto tienen que ser sancionados, pero creo que no es lo central. Es una respuesta ilusa, es un problema del mantenimiento del ducto”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es un huir al derecho penal poco práctica, pero si es que hay que sancionar, yo me pregunto: ¿y la responsabilidad de Osinergmin que tiene que fiscalizar eso.  ¿Recién han descubierto que hay derrames? Esta es una respuesta parcial que no soluciona el problema, más aun si recordamos que solo el 37% de los derrames es por atentado y el otro 73% por corrosión, es un parche”, indicó.

Contratistas ofrece sus servicios tras derrames

Ruiz Molleda subrayó que la condición del Oleoducto Norperuano es el de obsoleto y que por lo menos en el incidente de Nueva Alianza se acercaron algunos contratistas para ofrecerles a los apus la remediación, tras ocurrido el derrame. Cuestionó, del mismo modo, la versión de Petroperú sobre la existencia de sabotaje en los hechos  ocurridos en Loreto, sobre todo en aquellos en los que el ducto está a tres metros bajo tierra.

“Ese tubo tiene que ser reparado; como dijo Manuel Pulgar, es un tubo obsoleto en la espesura de ese bosque. Se han preguntado la responsabilidad de investigar y procesar porque hasta ahora el Ministerio Público no ha individualizado responsabilidad. Es muy complicado implementar esa noma en el Marañón. Hablamos de grandes extensiones de terreno, cerca de 800 kilómetros, donde no hay presencia de Estado, no hay presencia de nadie”, indicó.

“Cuando hubo lo de Nueva Alianza no te imaginas la cantidad de contratistas que se aparecieron ahí para ofrecer sus servicios, y se apareció gente que que empezó a ‘enamorar’ al apu, para ofrecer sus servicios, sus empresas para trabajar en la remediación. Creo que hay gente que sí se beneficia”, refirió.