Carlos Rivera - Ideeleradio

 

Mayor personal

Ideeleradio.- Debería crearse una fiscalía ad hoc o plantearse que el magistrado que investiga el caso de la muerte de Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22) y de los hechos ocurridos el 14 de noviembre del 2020 trabaje a dedicación exclusiva, planteó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL.

“La Fiscalía, el 22 de diciembre, ha dispuesto una reprogramación de varias diligencias durante todo el mes de enero. ¿Deberíamos tener una mayor celeridad en el curso de la investigación?, desde mi punto de vista sí, pero creo que también me parece que hay una inmensa necesidad de que la Fiscalía de la Nación dote de mayor personal a esta fiscalía supranacional”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Habría que ir pensando para este caso, si no una fiscalía ad hoc por lo menos que el despacho de la Fiscalía de la Nación determine una dedicación exclusiva de esa fiscalía al caso de la llamada carpeta 54, que es la carpeta de los hechos del día 12 y 14 de noviembre.

Rivera Paz dijo que, sin duda alguna, este caso en el que se investiga también las lesiones a los que participaron en las manifestaciones de noviembre merece una atención especializada desde la fiscalía de derechos humanos.

“¿Merece una mayor dedicación dentro de la precariedad que funcionan esas fiscalías de derechos humanos, como muchas veces lo hemos conversado?, sin duda alguna, porque si no en el curso de las diligencias normales que tienen que desarrollarse en un caso complejo no solo relacionados a los homicidios de Inti y de Bryan, sino de varias decenas de lesionados, probablemente la propia Fiscalía termine asfixiándose en el conjunto de diligencias que tiene que desarrollar”, advirtió.

Balance positivo

No obstante, el coordinador del Área Legal del IDL consideró que el balance del trabajo del Ministerio Público sigue siendo positivo sobre todo el de la Tercera Fiscalía Supranacional de los Derechos Humanos.

“Nuestro balance sigue siendo positivo en el caso de las investigaciones que se originaron desde el 15 de noviembre como consecuencia de los graves sucesos y de las muertes, homicidios técnicamente hablando, tanto de Inti como de Bryan, y de las lesiones y heridas de varias decenas de personas”, manifestó.

“Yo diría que hay un avance importante en el curso de las investigaciones, sobre todo las que están radicadas en el despacho del fiscal Jhonny Soto, que es el fiscal de la Tercera Fiscalía Supranacional de los Derechos Humanos, que es la que en buena cuenta está a cargo de las investigaciones. Hay que recordar que hay otra investigación abierta contra Merino, Flores Aráoz y Rodríguez Limo a nivel de la Fiscalía de la Nación por haber ocupado, aunque sea por cinco días, altos cargos de la República que están señalados en el artículo 99 de la Constitución”, explicó.

Información y declaraciones

Rivera Paz sostuvo que hay un recojo de información importante por parte del Ministerio Público, y que están pendientes las declaraciones de los agraviados.

“Hay un recojo de información importante por parte del Ministerio Público, en términos de documentos de la Policía, de pericias balísticas que me parecen son los elementos capaz más importantes que dan cuenta de la estrategia que desarrollaron tanto el 12 como el 14 de noviembre, y luego información sobre planes de operaciones del comando policial”, indicó.

“Sumado a eso está ahora un importante paquete de declaraciones de los agraviados. Hace un mes la Fiscalía hizo una programación de 70 diligencias que básicamente eran las declaraciones de los agraviados. De eso, solamente unas 20 personas han declarado, la mayoría de ellos en condición de agraviados, y no lo han hecho probablemente por desconocimiento, capaz porque no tienen una representación legal que es otro problema importante, y varios de ellos no lo han hecho porque todavía están convalecientes de las heridas que sufrieron”, precisó.

Serio problema en la PNP

Finalmente, cuestionó que no exista un sistema unificado que pueda proporcionar información por parte del Ministerio del Interior a la Fiscalía.

“No hay un sistema unificado de proporcionar información desde el Ministerio del Interior, y por lo tanto desde la PNP, a la Fiscalía. Y, por eso, se tiene que ir tocando de puerta en puerta a todas las unidades de servicios especiales. Hay por lo menos una docena o más dependencias policiales a las cuales la Fiscalía tiene que acudir, extraer, vía incautación, perdigones y todos dicen que son de goma”, apuntó.

“Me parece que hay un serio problema de cómo la PNP ya ha diseñado una estrategia de relacionarse con el caso y eso va con una cerrada defensa de negación que se haya utilizado perdigones de plomo. Ese es un primer serio problema. Aquí ya no entramos a responsabilidades individuales; creo de la Policía como institución. Hay que hacer un llamado de atención al propio Ministerio del Interior”, puntualizó.

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