José Miguel Vivanco (Foto - Human Rights Watch)
José Miguel Vivanco (Foto - Human Rights Watch)

Debe ser anulada

Ideeleradio.- La llamada Ley de protección policial es una norma inconstitucional y es increíblemente peligrosa al eliminar la precisión del principio de proporcionalidad del uso de la fuerza y prohibir la detención preliminar y prisión preventiva para los policías, sostuvo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

“Esa norma me parece increíblemente peligrosa porque lo que intenta hacer es otorgarles un grado de impunidad a las policías. El presidente de la República hizo lo correcto el año pasado cuando una vez que se aprobó la norma, no la reglamentó, pero el nuevo Congreso lamentablemente ha insistido con el mismo texto que en los hechos lo que establece es terminar con el principio de la proporcionalidad”, dijo en diálogo con Ideeleradio.

“Yo espero que el Tribunal Constitucional peruano, una vez que se interponga los recursos pertinentes, la pueda anular o declarar inconstitucional, y de ese modo invalidar una norma que en los hechos promueve la impunidad y no refuerza los principios básicos del estado de derecho”, puntualizó.

Principio de proporcionalidad

Indicó, en ese sentido, que no conoce una legislación similar que se haya dictado en la región, y consideró que el nuevo dispositivo legal debería ser objeto de una nulidad por parte del Tribunal Constitucional peruano, porque anula el principio de proporcionalidad y rompe con el principio de igualdad ante la ley.

“En primer lugar, no conozco un ejemplo similar, no conozco esfuerzos exitosos de iniciativas legislativas donde algún congreso en América Latina —yo estoy pensando obviamente en una democracia no en una dictadura— haya logrado eliminar o suspender la obligación de que la fuerza pública debe siempre ejercerse de acuerdo al principio de proporcionalidad, eso abre la puerta para todo tipo de abusos para la brutalidad policial”, indicó.

“Por ello es tan importante siempre que los policías, que la fuerza pública cualquier parte del mundo, entienda que ellos tienen el monopolio en el uso de la fuerza y que ese uso de la fuerza debe ser proporcional y debe estar sujeto a un principio de necesidad en concreto frente a una situación ilícita”, declaró.

La prisión preventiva

Precisó que cuando los policías usan la fuerza y tienen que actuar en alguna operación, ya sea de orden público o en la captura de un presunto delincuente, siempre tienen que ajustar su conducta a principios básicos como es el de necesidad y el de proporcionalidad.

No obstante, advirtió que la ley promulgada por el Parlamento anula ese principio básico que guía el uso la fuerza no letal o menos letal por parte de los agentes del orden.

Subrayó que, en todas partes del mundo, los entes que administran justicia tienen la facultad de dictar una prisión preventiva en los casos en que exista riesgo procesal o de fuga.

Un disparate

Calificó como un disparate que la segunda disposición de la norma recientemente aprobada por el Congreso peruano prohíba la prisión preventiva para los policías que están sujetos a investigación penal. Argumentó, además, que la Ley 31012 señala un doble estándar para civiles y policías.

“Establece un doble estándar, un doble rasero rompe, con el principio de igualdad ante la ley respecto de los policías, que a diferencia del ciudadano común no podrían ser objeto de prisión preventiva, y los jueces no podrían acudir a esa fórmula jurídica”, señaló.

“En este caso tratándose de policías se elimina esa posibilidad, se priva a los jueces de utilizar esa esa medida que muchas veces es vital para garantizar el éxito de una investigación penal. Esta norma aprobada en los últimos días por el Congreso viola obligaciones jurídicas internacionales de Perú y también nos parece que es abiertamente inconstitucional”, refirió.

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