Tamara Taraciuk - Ideeleradio
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Exigimos que se investigue

Ideeleradio.- La respuesta de las fuerzas de seguridad en el contexto de las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte fue “brutal, desproporcionada e indiscriminada”, remarcó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, tras considerar que todos los hechos de violencia deben ser debidamente investigados.

“Claramente en el contexto de las protestas hubo algunos incidentes de violencia que nosotros cuestionamos y que deben ser debidamente investigados, pero lo que encontramos […] es que la respuesta [de las fuerzas de seguridad] fue brutal, desproporcionada e indiscriminada”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ahí tenemos distintos niveles de abusos que hemos documentado en este informe. Uno tiene que ver con los asesinatos que pueden constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias. Y esto se debe a que son hechos cometidos por agentes del Estado, que son hechos que fueron deliberados, que ocurrieron sin garantías judiciales”, afirmó.

Pedimos investigación seria

La directora en funciones para las Américas de HRW instó, en ese sentido, a las autoridades del Perú a que se realice una investigación seria que identifique a los responsables en todos los niveles.

“El otro elemento clave es que hubo graves deficiencias en las investigaciones. Hay pruebas iniciales básicas, elementales que no se hicieron como preservar la escena, pruebas de si las fuerzas de seguridad habían disparado armas de fuego o no, que no se hicieron. No se revisaron cámaras de seguridad. En al menos dos casos que nosotros revisamos, ni siquiera se hicieron autopsias antes de enterrar a los muertos. Entonces, esto lo que nos lleva es a una conclusión de posible negligencia o complicidad de las autoridades”, indicó.

“Lo que pedimos es que haya una investigación seria, no solo de quienes cometieron estos delitos, sino hacia arriba, porque el Estado lo que tiene es una obligación de garantizar que se cumplan ciertos derechos. Y tenemos que analizar, por parte de la Fiscalía, una investigación penal que muestren quiénes son las autoridades al más alto nivel que sabían o debían saber que esto estaba ocurriendo y no hicieron nada para prevenirlo o para investigar”, añadió.

Armas letales y no letales

En otro momento, Taraciuk Broner recalcó que de los 49 manifestantes que murieron, 8 eran menores de edad y 39 fallecieron por herida de bala. Señaló que hubo un mal uso de armas letales y no letales por parte de las fuerzas del orden.

“De los 49 manifestantes o transeúntes que murieron [durante las protestas], ocho eran menores de 18 años, al menos 39 murieron por herida de bala de fuego, que según los estándares internacionales solo se pueden hacer uso de manera muy excepcional, y lo que encontramos son balas que estaban dirigidas al torso, a la cabeza, a la espalda de estas personas. [Hay] casos de cinco personas, por lo menos, que murieron por perdigones por escopeta, y eso ocurre cuando se dispara directamente al cuerpo de una persona, y no son para eso que se deberían usar estas cuestiones”, relató.

“Entonces, creo que ahí lo que vemos es un uso indiscriminado y un mal uso de armas letales y de armas no letales, pero de una manera que pueden causar la muerte, y eso es lo que genera nuestra conclusión de abusos. Por otro lado, encontramos también violaciones al debido proceso, un abuso en la verificación de identidad, las autoridades ni siquiera nos podrían decir cuánta gente fue sometida a esta verificación de identidad, que pareció ser una estrategia para retener a la gente, que no participase de las manifestaciones, malos tratos en el marco de las detenciones”, detalló.

No solo recogimos testimonios

Finalmente, indicó que las conclusiones del informe de HRW se basan en una investigación en el terreno, pues recordó que una delegación de dicho organismo internacional estuvo en enero y febrero del 2023. Recalcó que no solo se recogieron testimonios de las víctimas, sino que también hubo un trabajo de verificación de imágenes.

“Lo que hemos hecho para llegar a las conclusiones [en el informe de Human Rights Watch] es una investigación en el terreno. Un equipo de HRW estuvo en el país durante enero y febrero, luego hicimos entrevistas remotas de seguimiento a familiares de víctimas, a víctimas y abogados. Tuvimos reuniones con autoridades. En total, el equipo ha hecho más de 140 entrevistas y otra parte del trabajo ha sido verificar esos testimonios”, mencionó.

“En esta oportunidad hicimos un trabajo de verificación de imágenes de más de 37 horas de video. Hemos hecho un trabajo de verificación de más de 660 fotografías sobre los incidentes que documentamos y, además, revisamos autopsias, documentación oficial para poder corroborar los hechos”, acotó.

Remarcó, finalmente, que la tecnología ha permitido tener información de primera mano sobre lo ocurrido. Explicó que los testimonios recogidos en el documento han sido contrastados y corroborados con información oficial.

“Lo que estamos diciendo aquí [en el informe de Human Rights Watch] no es un relato sobre algunos testimonios que nos dieron, si no que hemos contrastado distintos testimonios entre sí, con información oficial y con otro tipo de evidencia que corroboran lo que en los testimonios nos dijeron”, concluyó.

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