Eduardo González Cueva - Ideeleradio
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Varias rutas

Ideeleradio.- El caso de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, ocurridas durante las protestas realizadas el 14 de noviembre del 2020, va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y puede ser llevado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, planteó el sociólogo Eduardo González Cueva.

Fue al comentar el informe final del legislador Alejandro Cavero que recomienda archivar la denuncia constitucional que la Fiscalía presentó contra el expresidente Manuel Merino y sus exministros Antero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez.

“A mí me parece que hay todos los elementos que permitirían argumentar que lo que ocurrió en noviembre del 2020 fue un crimen de lesa humanidad. Hay un ataque a la población civil. Ese ataque se realiza con conocimiento de que se está produciendo el ataque. O sea, no es algo que esté oculto. Y es una de las distintas acciones que puede ser un crimen de lesa humanidad, que ocurre ya sea de manera sistemática o de manera generalizada. Y lo que parece ser aquí es que ocurre de manera sistemática”, explicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Acá lo que se abre, creo yo, son varias rutas, porque no dudo, en efecto, que desgraciadamente, con la composición que tiene el Congreso va a proseguir el blindaje abierto por el señor Cavero. Lo que creo que se abre son dos rutas, en primer lugar, y rutas no excluyentes”, explicó

La Corte IDH

González Cueva sostuvo, en ese sentido, que este caso terminará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pues consideró que el informe del parlamentario Alejandro Cavero está negando al sistema de justicia peruano la posibilidad de investigar los hechos ocurridos en noviembre.

“La primera es que, en efecto, esto va a terminar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y eso lo que quiere decir es que Cavero y su gente está causando otro caso para que el Perú vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Perú termine una vez más en la picota internacional porque niegan al sistema de justicia la posibilidad de por lo menos investigar”, agregó.

“Nadie está diciendo que el sistema de justicia tenía que señalar culpables a estas personas. Están prohibiendo siquiera investigar, siquiera llamar al señor a que dé una declaración, siquiera hacer un examen de las pericias. Eso es lo que están impidiendo. Entonces, en primer lugar, el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos está clarísimo. ¿Hay negación de justicia en el sistema nacional? Sí, clarísimo. Entonces, esa es una ruta”, apuntó.

Fiscalía de la Corte Penal Internacional

El sociólogo precisó que la otra vía que existe es la posibilidad de llevar el caso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a la luz de los pronunciamientos que hubo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de instituciones como Human Rights Watch (HRW).

“Y la otra ruta es que si se puede argumentar la hipótesis de que acá lo que hubo fue un crimen de lesa humanidad, que ese crimen de lesa humanidad alcanzó un nivel de intensidad realmente atroz, que fue de visibilidad de conocimiento internacional, como lo fue, porque hubo misiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, misiones de HRW, etcétera, francamente valdría la pena llevar el caso a el fiscal de la Corte Penal Internacional. Y por lo menos pedir que se interese en el asunto”, indicó.

“Yo no sé si el fiscal considerará que este es un caso que debe verse en la Corte Penal Internacional, pero por lo menos hay que llevarlo. El Perú es miembro, es un Estado parte de la Corte Penal Internacional. Cualquier agente puede llevar una propuesta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y no veo honestamente por qué no [sea este el caso], puesto que la Corte actúa cuando el sistema del país en cuestión no tiene la voluntad o no tiene la capacidad de juzgar”, aseveró.

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