Alan García - Ideeleradio - Foto: Congreso
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García no tiene credibilidad

Ideeleradio.- El exmandatario Alan García cuestiona la falta de la aplicación de la pena de muerte en el Perú por oportunismo y el interés de ganar presencia en los medios, sostuvo Gloria Montenegro, congresista de Alianza Para el Progreso, tras considerar que debe buscarse una solución de fondo, más allá de la acción reactiva.

Fue al referirse al mensaje que lanzó García Pérez a través de su cuenta de Twitter, quien hizo referencias estadísticas y cuestionó la falta de la pena de muerte contra los responsables de crímenes contra menores de edad.

“Nadie más oportunista que Alan García, quien piensa ganarse aunque sea una línea en el rating [en los medios] con tal de volver a la palestra. Ese señor no tiene ningún tipo de credibilidad, tuvo dos gobiernos en los que solamente humilló a la mujer, es uno de los más desprestigiados en cuestión de género”, aseveró.

Cabe recordar que García Pérez hizo referencia también a la pena capital en el 2016, cuando sostuvo que esta era una medida necesaria para acabar con los sicarios y violadores de menores que causen la muerte de sus víctimas.

No solucionará el problema

La parlamentaria comentó que es entendible que el tema de la pena de muerte para los delitos de pedofilia haya vuelto al debate público debido a la conmoción social que han causado los últimos casos de violación a dos menores de edad en Lima y en Tacna.

Sin embargo, comentó que su aplicación no es viable ya que no solucionaría el problema de fondo. Coincidió en ese sentido con la explicación que dio el presidnete del Poder Judicial, DUberlí Rodíguez, sobre la inviabilidad de esa medida.

“La acción reactiva del momento por todo el dolor causado por estos casos  de la niña asesinada y el de la niña violada por el padre que ya se convirtió en madre que son casos terribles, jamás va a solucionar el problema”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Montenegro Figueroa alegó que una verdadera solución para el problema de violencia en contra de la mujer y, principalmente, de los menores de edad, radica en trabajar políticas públicas de fondo que abarquen a las diferentes instituciones del país.

“Actuar desde la política pública de Estado, debidamente organizado y señalizado por institución y con competencias claras, sí va a disminuir sustancialmente lo que está ocurriendo”, expuso.

“Ese Estado no solo debe proteger a través de sus gobiernos, sino a través de sus instituciones. Tenemos el Ministerio de la Mujer, al sector Educación, al sector Salud, al sector que implica a gobiernos provinciales y distritales y a la Defensoría del Pueblo. Todas estas son instituciones tutelares que tienen que velar y coordinar estrategias”, resaltó.

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