Ideeleradio.- El caso de las desapariciones forzadas en Madre Mía (San Martín) es un proceso penal que está en manos de las autoridades judiciales peruanas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene que intervenir en esa decisión, aclaró Diego García-Sayán, expresidente de la Corte IDH.

Fue al comentar los audios referidos a la compra de testigos del caso Madre Mía, por el que se acusó al expresidente Ollanta Humala de violar los derechos humanos en 1992.

“No [se requiere pedir a la Corte para que reabra el caso], sino es decisión soberana de los estados, y el Poder Judicial se administra a sí mismo. La Corte Interamericana no tiene nada que hacer en intervenir en el proceso mismo”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es un proceso penal que tienen que llevar a cabo las autoridades judiciales peruanas, y es a partir de la instancia última que resolvió esto con una sentencia absolutoria, que ahora hay elementos básicos para que pueda ser revisada”, indicó.

Corte nunca va a responder 

El exministro de Justicia refirió, en este caso, que no se necesita una mayor discusión sobre este caso, y que no corresponde que un estado soberano le pregunte a la Corte Interamericana sobre lo que tiene que hacer respecto a un proceso.

“La Corte Interamericana nunca va a responder a ese tipo de pedidos. Eso tiene que decidirlo la autoridad judicial peruana sobre la base de los estándares internacionales que están hoy vigentes y que es una jurisprudencia que es ostensiblemente obligatoria”, comentó.

“Muy pocas autoridades judiciales de América Latina hoy confrontan la tesis de que una sentencia de la Corte se tiene que cumplir y los criterios que se han establecido sobre determinados temas, trátese a, b y z son aplicables para todos los países que han reconocido la competencia de la Corte”, señaló.

Existen elementos para reabrir el caso 

El exministro de Justicia sostuvo que si se decidiera reabrir el proceso este podría concluir nuevamente en una absolución. Sin embargo, señaló que existen elementos para que el caso Madre Mía se analice otra vez, decisión que recae en la Corte Suprema.

“Con [reabrir el caso] no se está violando el derecho penal y procesal peruano, porque se trata de una situación de grave violación de derechos humanos, de hechos que habrían impedido [investigar] —como la compra de testigos y eso tendrá que demostrarse en el proceso— suficientemente elocuentes para que se aplique la jurisprudencia interamericana que la Corte Suprema y todo los jueces del Perú tienen que cumplir”, argumentó.

Mencionó, además, que el pedido para que se active el proceso puede ser a través de la Fiscalía, de los representantes de los agraviados o de manera autónoma por parte de la Corte Suprema.

“O sea estamos ante un hecho de una grave violación de derechos humanos, estándares internacionales que deben ser respetados y autoridades todas los magistrados de la Corte Suprema y la Fiscalía que tienen que cumplir esos estándares”, mencionó.

Es deber del Estado investigar nuevos hechos 

Al respecto, García-Sayán Larraburre mencionó que es deber del Estado dar seguimiento a un caso, si aparecen hechos comprometedores que generan nuevas figuras delictivas.

“Todos estos hechos que se han conocido a través de los audios, es decir hay toda una discusión política de por qué aparecieron ahora y no antes. Si bien estos audios se hicieron para otra investigación, pero si en un audio aparecen hechos comprometedores que generan otras figuras delictivas, el deber del Estado no es decir que formalmente no corresponde darle seguimiento, sino que hay que hacer una investigación distinta sobre estos nuevos hechos delictivos”, explicó.

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