Diego García-Sayán - Poder Judicial (Fotos: Ideeleradio - Andina)
Diego García-Sayán - Poder Judicial (Fotos: Ideeleradio - Andina)

 

Un asunto que es de principios

Ideeleradio.- Tras la decisión del Congreso que dispone que la Comisión de Justicia haga una investigación sumaria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, preocupa el silencio del Poder Judicial y de la Corte Suprema en un asunto que es de principios, sostuvo Diego García-Sayán, ex relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados.

Fue al señalar que la Junta Nacional de Justicia actuó correctamente al emitir un comunicado, el 23 de mayo del 2023, en el que invocan al Congreso la “mayor reflexión” sobre la denuncia constitucional contra la ex fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, toda vez que “guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de su función, como expresión de su propia independencia”.

“Coincido en la preocupación del silencio del Poder Judicial, del silencio de la Corte Suprema en un asunto que es de principios; este no es un tema político. Y cuando la Junta Nacional de Justicia se pronunció por el caso de Zoraida Ávalos lo hizo correctamente, porque la instancia llamada a hacer una evaluación de jueces y fiscales por la Constitución y por la ley es la Junta Nacional de Justicia”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo esperaría que en las próximas horas haya un pronunciamiento por parte del Poder Judicial. Y el Ministerio Público, se entiende de alguna manera [que no diga algo al respecto], porque la cabeza del Ministerio Público es parte interesada en este asunto, viene desde hace semanas o meses promoviendo el debilitamiento de la Fiscalía en general y de, por supuesto, la Junta Nacional de Justicia para impedir que la Junta Nacional de Justicia la investigue, porque tiene cosas, pues, pesadas”, puntualizó.

Un reto por delante

El exministro enfatizó que este es un momento en el que las instituciones democráticas tienen un reto por delante para desempeñar sus funciones. Apuntó que este tipo de acoso a la independencia no se vivía en el Perú desde hace más de 20 años.

“La Junta Nacional de Justicia, la primera, ya ha reaccionado muy oportunamente con este comunicado y veremos lo del Congreso, porque con este Congreso que tiene un grupo grande —como decíamos — de prontuariados en donde son parte interesada, porque haya una justicia débil, una justicia acosada, una justicia en la que logren que vocales y jueces estén atemorizados de que los llame la señora Patricia Chirinos para interrogarlos y destituirlos”, manifestó.

“Es evidentemente un tipo de acoso a la independencia que no vivíamos en el Perú desde hace más de 20 años. Recordemos cómo terminaron esos magistrados de la Corte Suprema, cómo terminó esa fiscal de la nación, porque al final de esto, se hace justicia”, indicó.

No obstante, García-Sayán Larrabure lamentó que no haya ninguna señal de propósito de enmienda ni de reconocimiento de responsabilidad de parte del Parlamento.

“Yo creo que buena parte este desprestigio que tiene el Congreso tiene que ver no solamente con el mochasueldos o tal cual, sino la imagen a veces excesiva, porque no todos los congresistas son unos sinvergüenzas ni han cometido delitos, pero esa es la percepción ciudadana mayoritaria porque lamentablemente no hay ninguna señal de propósito de enmienda, ninguna señal de reconocimiento de responsabilidad”, agregó.

El excanciller subrayó que el Parlamento no tiene facultades constitucionales para destituir a una fiscal, como ocurrió en el caso de la entonces magistrada Zoraida Ávalos Rivera.

“Y el Congreso no tiene facultades constitucionales para destituir a una fiscal, porque no le gustó una decisión que esa fiscal adoptó. Esa es una de las peores señales que podríamos tener de afectación de la independencia judicial”, declaró.

Fiscales provisionales

Finalmente, precisó que los magistrados provisionales no pueden ser removidos sin que se siga un procedimiento y se fundamente la decisión. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia en el caso Casa Nina Vs. Perú, en el que considera que la separación del cargo de un fiscal provisional “debe responder a las causales legalmente previstas”.

“Es decir, no se puedan destituir fiscales provisionales porque a mí me da la gana. Eso no se puede hacer. Eso es algo que puede haber sido la costumbre, pero desde que se han establecido estándares internacionales en lo que tiene que haber un procedimiento, el caso Nina conocido, resuelto en la Corte Interamericana hace más de un año”, sustentó.

“Y mucho menos [no se puede destituir fiscales] cuando hay un interés personal de por medio, cuando hay el obvio propósito de impedir una investigación a un familiar, pese a que negó ante la pregunta que se le hizo el momento de la evaluación para ser considerada fiscal suprema en la Junta Nacional de Justicia negó que intervendría a favor de cualquier familiar”, acotó.

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