Diego García Sayán - Ideeleradio
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Informe importante

Ideeleradio.- Sin duda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Sala Penal Nacional tomarán en cuenta el informe de la Defensoría del Pueblo que cuestiona el indulto humanitario y la gracia presidencial concedida al expresidente Alberto Fujimori, dijo el exministro Diego García Sayán.

Fue al referirse a la audiencia que realizará la Corte IDH el próximo 2 de febrero en torno a la supervisión de cumplimiento de las sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y La Cantuta, y la audiencia de la Sala Penal Nacional, en la que se hará el control de acusación de acusación del caso Pativilca.

“En este informe de la Defensoría, tenemos una demostración de esa interacción [entre las instancias nacionales e internacionales] que da elementos muy importantes, que sin duda —tal y como viene manejándose las cosas en los últimos años— será recogido como elementos y criterios al momento que decida la Corte Interamericana”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] Es una reflexión que, sin duda alguna, cualquier instancia nacional interna, como la Sala Penal Nacional que tiene que ver Pativilca, o internacional, como la Corte, que lo verá en algunas semanas, sin duda tendrá que tomar en cuenta esta reflexión tan importante de la Defensoría del Pueblo”, aseveró.

Contundente y prudente

García Sayán dijo que el Informe Defensorial N° 177: “Indulto y derecho de gracia otorgados al expresidente Alberto Fujimori” es contundente y prudente, en el marco de las atribuciones que ese organismo tiene, sin sobrepasar las funciones del Tribunal Constitucional (TC) ni la Corte IDH.

“Yo creo que es un informe contundente y prudente, porque si bien pudo haber molestado a algunos, no es un informe que asume atribuciones del Tribunal Constitucional ni de la Corte Interamericana, es una reflexión en donde resaltan temas que nadie había mencionado de manera tan clara”, indicó.

“Creo que la decencia de esa comunicación está ahí, es una esencia conceptual de reflexión jurídica y de como el propio defensor autolimita su función, y no pretende ser el TC ni la Corte IDH, no saca una gran conclusión jurídica ni tiene por qué sacarla”, apuntó.

Control judicial

Sostuvo que lo importante del documento de la Defensoría es que se señala que el Ejecutivo y otras dependencias del Estado tienen el deber de garantizar que se ejecuten las sentencias judiciales. Apuntó que es básico que se resalte que no hay áreas exentas de control judicial.

“Ha llamado la atención primero esta supuesta prohibición para que Fujimori haga política. Eso no es lo más relevante, eso —al final— es una obligación ética, lo más importante es que establece dos principios generales que se aplican a todos los casos: que el Ejecutivo y otras dependencias tiene el deber de garantizar que se ejecuten las sentencias judiciales, y que no hay áreas exentas de control judicial […] y que se pueden revisar las decisiones por una instancia judicial interna o internacional”, refirió.

“No estamos en los tiempos en que Luis XIV es el equivalente del presidente, y no estamos en los tiempos en que un grave delito de derechos humanos soslaya completamente los derechos de las víctimas. Eso es del siglo pasado, ahora las víctimas tienen derechos, y hay un concepto de reparación integral que están en la jurisprudencia de la Corte Interamericana hace 25 años, y ha sido incorporado en la jurisprudencia interna, pero pareciera que hay un fragmento del Estado que sigue viviendo en los prolegómenos del siglo XX”, aseveró.

No hay motivación

El exministro señaló, asimismo, que coincide con el informe de la Defensoría en el sentido de que no basta expresar la intención de indultar a alguien, sino que eso requiere un análisis particular de que existen razones fundadas, y estas tienen que estar expresadas en la resolución del caso.

“En el caso Fujimori, hay aspectos de fondo que son muy importantes, que es particularmente contundente y consistente. Primero, tratándose de graves violaciones de derechos humanos, [existe] el deber de motivación tiene que ser particularmente sólido y reforzada”, aseveró.

“La necesidad de una fundamentación reforzada, que no existe para el indulto humanitario, porque es débil y que existe ‘cero’ para el derecho de gracia. Hay un solo párrafo, donde se menciona que el derecho de gracia está en el artículo 118, pero no explica por qué para ese delito, por qué se aplica en este caso y se dice que se ha cumplido el plazo de instrucción”, aseveró.

Los derechos de las víctimas

Subrayó, finalmente, que pareciera que el Gobierno “ha disuelto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus)” o este “ha licenciado a todos los asesores jurídicos”, pues es insostenible que no se haya considerado a las víctimas.

 “Tratándose de graves violaciones de derechos humanos, la jurisprudencia establece que no solo hay que investigar y sancionar, sino que hay que garantizar los derechos de las víctimas. No se puede dar un paso como el indulto humanitario o derecho de gracia sin tener en cuenta ese derecho”, declaró.

“[…] Que este tema haya sido soslayado e ignorado [a las víctimas] es, desde el punto de vista de la jurisprudencia y el derecho internacional de los últimos años, completamente insostenible”, concluyó.

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