Francisco Soberón - Ideeleradio
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Ideeleradio.- No nos movemos por odios, sino por un sentido de justicia frente a lo que fue el régimen de Alberto Fujimori, afirmó Francisco Soberón, director fundador de Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh), al comentar el respaldo que existió a favor de la candidatura del expresidente Ollanta Humala.

“Una primera clarificación es que nosotros no nos movemos por odios, nos movemos por demandas y exigencias de justicia. Y frente a Fujimori, sus regímenes y crímenes, esa ha sido la actuación que hemos realizado siempre, desde que ocurrieron los primeros hechos en su régimen, incluso sobre hechos anteriores”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.  

“Eso lo rechazamos de plano [que hayamos respaldado a Humala por odio a Alberto Fujimori]”, aseveró.

Soberón Garrido refirió, en ese sentido, que los organismos de derechos humanos  fueron los primeros en impulsar las denuncias sobre el caso Madre Mía. No obstante, mencionó que se les cerraron todas las posibilidades para seguir investigando.

“Nosotros veníamos de haber sido los impulsores iniciales de las denuncias sobre el caso Madre Mía en el 2006, y en el 2009 nos [cerraron] esas puertas de acceso a la justicia por la decisión de la Corte Suprema, por las opiniones previas del fiscal Víctor Cubas, por la opinión de la jueza Ximena Cayo, luego la opinión del fiscal Pablo Sánchez, y, luego, el sobreseimiento definitivo por la Sala Penal de la Suprema de César San Martín”, indicó.

La insatisfacción con el sistema judicial

El director fundador de Aprodeh comentó, inclusive, sobre los esfuerzos que realizaron por presentar el caso Madre Mía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“En la gestión de Ronald Gamarra [ex secretario ejecutivo de la CNDDHH] se presentó el caso ante la Comisión y creo que eso fue una señal, ya que teníamos ante la insatisfacción del sistema judicial peruano de darnos justicia. Emprendimos un camino, a veces largo, tedioso como se ha visto en muchos otros casos como La Cantuta, Barrios Altos”, anotó.

“Por lo menos [con esa gestión] por ahí podíamos presionar, y llegar a la Corte para que reordene la reapertura de un caso frente a un crimen de lesa humanidad y derechos humanos sobre el cual el Estado tiene obligación de investigar”, mencionó.

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