Investigación

Ideeleradio.- Requerimos de una ley procesal especial para combatir el crimen organizado, y un mayor presupuesto, sostuvo Marita Barreto, titular de la Segunda Fiscalía para Casos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, quien solicitó 35 años de cárcel para la cúpula del llamado Clan Orellana, que tenía como cabecillas al exabogado Rodolfo Orellana y su hermana Ludith.

“Lo importante aquí es que requerimos de una ley procesal especial para [enfrentar] el crimen organizado. Tengo [a mi cargo] otras dos organizaciones en investigación, por ejemplo, la de Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino. Otra investigación a Julio Ku, un chino que vino [al país] e hizo una enorme fortuna durante 10 años y ha estado vinculado a las más altas esferas del poder”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Estas tres son organizaciones criminales flexibles y así lo dice la doctrina, terminan su plan y su finalidad criminal, y luego continúan viviendo en sus propios fueros criminales. Eso es lo que tenemos y ese tipo de investigaciones las manejamos en este subsistema de lavado de activos”, agregó.

Código Procesal Penal no funciona

La magistrada señaló que el actual Código Procesal Penal no funciona para enfrentar a la criminalidad organizada, pues resulta muy garantista.

“El Código Procesal no funciona para este tipo de investigación. Saben ¿cuánto papel hemos utilizado nosotros? Superamos el millón de hojas en materia de investigación, para pedir un requerimiento inicial, y la norma establece tengo que acreditar y superar un alto grado sospecha. Es decir, el investigado dentro de una organización criminal que es peligrosísimo desde todo punto de vista, tiene las garantías que tendría cualquier delito de bagatela”, argumentó.

“El doctor Richard Concepción Carhuancho y el doctor Ángel Mendívil, que llevaban este caso, al igual que yo, tienen una habitación llena de expedientes, de los 163 incidentes que yo ofrezco como prueba para el juez y las partes”, acotó.

Protección al colaborador

La magistrada dijo, en ese sentido, que se necesita un mayor presupuesto para enfrentar la criminalidad organizada y dotar de una mayor protección al colaborador eficaz.

“Necesitamos presupuesto, el Ejecutivo, los congresistas deben entender que necesitamos prepararnos,  porque lo que está pasando y lo que viene seguramente serán organizaciones mucho más grandes, mucho mejor vinculadas y mucho más protegidas y lamentablemente no tenemos herramientas legales para enfrentarlas”, expresó.

“La ley de protección al colaborador eficaz es fundamental y, sin ello, le aseguro que no hubiéramos podido descubrir, lo que hoy se ha podido conocer. Tengo 17 sentenciados [por acuerdo de colaboración eficaz], pero [vemos] todo lo que cuesta protegerlos hasta ahora [a los colaboradores]”, manifestó.

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