José Bayardo Chata - Ideeleradio
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Se sigue estigmatizando

Ideeleradio.- Llama la atención que este gobierno, a través de sus funcionarios, continúe mintiendo, con un ánimo negacionista y diciendo falacias respecto al nivel de implementación de las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe 2023, sostuvo José Bayardo Chata, director de Derechos Humanos y Medio Ambiente (Dhuma).

Fue al referirse a la participación de la delegación que representó al Estado peruano durante la audiencia de la CIDH en la que se evaluó el seguimiento de las recomendaciones del informe de país sobre el Perú, respecto a las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte.

“Ha llamado la atención de que este gobierno, a través de sus funcionarios, continúe en ese ánimo negacionista y justificatorio de todos los actos que han sucedido. Resulta contradictorio que los diplomáticos que han asistido a esta audiencia vayan en otro sentido, cuando hemos escuchado que el premier continúa diciendo que todas las protestas sociales han sido violentas y sigue estigmatizando a la población que ha luchado ahí”, dijo en diálogo con Ideeleradio.

El abogado resaltó el hecho de que las organizaciones de familiares de las víctimas hayan desvirtuado lo expresado por los representantes del Estado en la audiencia del último viernes.

“No es cierto que el Gobierno esté implementando apoyo en la salud de todos los heridos. Todos los heridos de la ciudad de Juliaca no están recibiendo ningún tipo de atención; continúan viviendo con perdigones en sus cuerpos. De la misma forma, [sostienen que] las investigaciones —indicó la funcionaria del gobierno peruano— tienen una visión intercultural, y eso es totalmente falso”, subrayó.

El director de Dhuma criticó, en ese sentido, la posición que asumió el Estado a través de la delegación que viajó y los funcionarios que participaron virtualmente durante la audiencia de la CIDH.

“Llama la atención de que se continúe mintiendo, que se continúe queriendo sorprender, que se continúe diciendo que el Gobierno realmente está atendiendo a sus propias víctimas, porque el Gobierno es el responsable de tanta masacre, de tanto herido que ha habido en las protestas. Eso es lo que realmente enardece, llama la atención. Y, bueno, no esperábamos otra cosa que falacias de parte de todos los funcionarios del Estado peruano en esta importante audiencia”, remarcó.

Las investigaciones

Chata Pacoricona cuestionó que no haya celeridad por parte del Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) en las investigaciones de las muertes ocurridas entre diciembre 2022 y febrero 2023, en el contexto de las protestas contra el gobierno de la mandataria Dina Boluarte.

“No hay una celeridad [en las investigaciones], y bueno si no tienen [los fiscales] las condiciones suficientes para efectuar las investigaciones, sino tienen conocimiento de la realidad puneña aquí, como también van a poner énfasis trabajo muy a pesar de los cuestionamientos que tiene la Fiscalía de la Nación y en sí todo el Ministerio Público”, manifestó.

“Entonces, hay una sumatoria de variables ahí —unas objetivas y otras subjetivas—que están desacelerando y aletargando las investigaciones de todos estos crímenes. Por una parte, sabemos la postura del Ministerio Público, sabemos que mucho de los fiscales desarrollan sus labores de una forma vertical, con cierta temeridad a lo que sus superiores también pueden hacer. También se ve que no hay realmente un ánimo de querer encaminar con mejor diligencia todas estas actuaciones que viene haciendo”, añadió.

El director de Derechos Humanos y Medio Ambiente (Dhuma) lamentó, del mismo modo, que el Ministerio Público no haya avanzado en la identificación de los responsables de las muertes ocurridas durante las protestas.

“Hasta ahora sigue manteniéndose en la situación de ‘contra los que resulten responsables’. ¿Hasta cuándo no se va a poder identificar, cuando ya hay muchas pruebas iniciales que dan cuenta de que hay responsabilidades desde los altos mandos en cuanto a a la Policía, en cuanto al Ejército, y también responsabilidad política de la presidenta y de su premier y de los ministros correspondientes”, puntualizó.

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