Álvaro Másquez - Ideeleradio
Álvaro Másquez - Ideeleradio

Ideeleradio.– No hemos visto a la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, que se comprometa con acciones importantes respecto a las amenazas que vienen recibiendo las comunidades indígenas por parte de los traficantes de tierra, afirmó Álvaro Másquez Salvador, integrante del área de Pueblos Indígenas y de Litigio Constitucional del IDL.

Fue al comentar la muerte de seis campesinos en la localidad de Rayal en Ucayali, a manos de traficantes de tierras, y la situación de los comuneros de Santa Clara de Uchunya, quienes vienen recibiendo amenazas de muerte, poniendo en grave riesgo sus vidas.

“Como IDL, patrocinamos a la comunidad de Santa Clara de Uchunya en su lucha. Creemos que las inversiones son necesarias para el país, pero creemos que deberían ser sustentables, responsables, respetuosas de los derechos de las personas y de la naturaleza. En el acompañamiento legal, hemos visitado muchas autoridades”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Estuvimos [ayer] en el Congreso de la Republica, la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, estuvo presente, expresó sus condolencias, pero, más allá de eso, no pudimos identificar que se comprometiera a tomar acciones realmente importantes, que permitan cambiar esta situación en el largo plazo”, manifestó.

Ministerio del Interior debe brindarles protección

El integrante del IDL cuestionó, además, el papel del Ministerio del Interior por no brindar la protección necesaria a estas comunidades, que vienen siendo continuamente amenazadas por los traficantes que ofrecen tierras, para favorecer a grandes intereses empresariales.

“En el caso de Santa Clara, los dirigentes ya han sido amenazados de muerte. El compañero Flores, que vive en el límite entre la comunidad y la plantación de palma aceitera ha sido golpeado. […] Él ha pedido garantías personales. Hay una gran responsabilidad del Ministerio del Interior en un contexto en que sabemos que hay un riesgo para las comunidades debieran prestarle protección, las comunidades han pedido protección”, argumentó.

“Lo que nosotros pedimos es que el Estado asuma su cuota de responsabilidad y pueden prestar protección a los líderes indígenas que lo necesitan”, argumentó.

Casos no son aislados

Por otro lado, sostuvo que estos hechos no son aislados, sino se trata de un patrón sistemático de violaciones a los pueblos indígenas.

“Esto no es una cosa de hoy, no es una cosa aislada, es un contexto, un patrón sistemático de violaciones a los derechos de pueblos indígenas, de los campesinos, porque nadie tiene derecho a matar y porque, este clima de impunidad está excediendo los niveles de violencia, incluso que ya habían ocurrido antes”,señaló.

GR está convalidando acciones de traficantes de terrenos

Por otro lado, exigió al Gobierno Regional de Ucayali que tome acciones respecto al control de  tráfico de tierras, tras sostener que viene convalidando este tipo de acciones por parte de los traficantes. Sostuvo que hay una falta de respeto al derecho de las comunidades sobre sus tierras.

“Hay que añadir el rol que juega el Gobierno Regional de Ucayali, porque los traficantes de tierras ingresan en zonas donde saben que van a contar posteriormente con el apoyo de las autoridades del gobierno regional, para lograr derechos sobre la tierra, que no deberían obtener”, expresó.

“Por ejemplo, la comunidad de Santa Clara solicita que se le titule una porción importante de su territorio, que no ha sido titulada, y el Gobierno Regional de Ucayali responde no haciéndolo, y, al contrario, esa tierra que era suya por derecho ancestral, se la da a otros”, manifestó.

 

Comments

comments