José Domingo Pérez - Ideeleradio
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Medidas cautelares

Ideeleradio.- La Fiscalía de la Nación tiene que recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección para el magistrado José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato, dijo Cruz Silva, coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal( (IDL).

“Hay que recordar, además, al Ministerio Público no solamente el deber que tiene para proteger a sus integrantes respecto de diversas cosas, respecto de agresiones físicas, respecto de amenazas, respecto de acosos, del famoso doxing, que es el bullying por las redes, y, sobre todo, de las indicaciones falsas y absurdas de haber promovido o impulsado a un investigado por corrupción al suicidio”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Hay que recordar —y tiene que recordar la Fiscalía de la Nación— que el fiscal José Domingo Pérez está sujeto a medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, dicho sea de paso —aunque con cuestionamientos— son las mismas que la Comisión en su momento señaló respecto de la propia fiscal de la nación [Patricia Benavides]”, añadió.

Como se recuerda, la CIDH emitió la Resolución 55/2021, en el contexto de la Medida cautelar No. 576-21 a favor de José Domingo Pérez Gómez y su núcleo familiar el 25 de julio del 2021, en el que dispone que el Estado “adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas identificadas como beneficiarias”; y “adopte las medidas necesarias para garantizar que el señor Pérez pueda seguir desempeñando sus labores como fiscal sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de las mismas”.

Una seria señal

Consideró, en ese sentido, que es una seria señal la falta de pronunciamientos, medidas y acciones frente a quienes están tratando de impulsar políticamente un proceso de supuesta responsabilidad del magistrado respecto del lamentable suicidio de Alan García, ocurrido el 17 de abril del 2019.

“Entonces, permitir que a un fiscal con medidas cautelares se le bulee, no se le permita expresarse, no se le dé la protección respecto del doxing, no hay una campaña antifakes respecto del fiscal, y que incluso se le ha procedido a abrir algunas investigaciones disciplinarias por todos estos ataques que felizmente han ido siendo archivadas es, por supuesto, una seria señal de ¿para qué está, entonces, la Fiscalía de la Nación?”, refirió.

“Más aún un momento en donde al fiscal se le está tratando de impulsar políticamente hacia un proceso de supuesta responsabilidad respecto del suicidio de Alan García, y, no obstante, sobre esto no decimos nada. Hay otros ejemplos en otros países de la región donde evidencian que esta falta de interés de la propia institución y de la máxima cabeza del Ministerio Público juega con los intereses de los investigados”, agregó.

Dentro de la institución

Silva del Carpio cuestionó, además, que la falta de protección del Ministerio Público para con sus propios integrantes que han venido trabajado de forma objetiva es una señal de que hay problemas dentro de la institución.

“En efecto de lo que acabas de señalar de la falta de protección del Ministerio Público para con sus propios integrantes que están llevando adelante casos paradigmáticos de lucha contra la corrupción del alto poder es una señal de que hay problemas dentro de la institución”, mencionó.

“Estos problemas benefician a intereses evidentes: los de los investigados, pero además pone en peligro a los fiscales que desde hace ya bastantes años han trabajado en una forma objetiva. Todos podemos tener críticas de las actuaciones fiscales, pero no podemos negar los hechos y los avances del trabajo también de los y las fiscales a nivel nacional”, acotó.

Finalmente, la abogada del IDL opinó que “pareciera que los méritos en ese trabajo realmente fueran deméritos para grupos internos de la propia Fiscalía”.

“Pareciera que hacer un buen trabajo en contra de la corrupción del poder fuera un demérito. Si es que hubiera habido algún serio problema, por ejemplo, en el trabajo del fiscal [Domingo Pérez] que pertenece al equipo Lava Jato, liderado por Rafael Barba, y que tiene a su cargo una investigación que involucra a actores políticos de dos gobiernos de nuestro país, pareciera que los méritos en ese trabajo realmente fueran deméritos para grupos internos de la propia Fiscalía”, manifestó.

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