Cruz Silva - Congreso (Foto: Ideeleradio-Andina)
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Zona exenta de control

Ideeleradio.- Con la decisión del Tribunal Constitucional (TC), el Congreso queda sin control del Poder Judicial y va a tener carta blanca para hacer lo que quiera respecto al proceso de elección del defensor del Pueblo, las leyes referidas al Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y las investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público, dijo Cruz Silva, coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Esto [la decisión del TC), en resumen, significa que el Parlamento es una zona exenta de control, es decir, sin control, por parte del Poder Judicial. Eso, en concreto, viola el Estado de derecho y viola también el acceso a la justicia que diversos ciudadanos e instituciones públicas habían presentado a través de amparos y pedidos de medidas cautelares ante el Poder Judicial para justamente defenderse de las arbitrariedades que estaba cometiendo el Congreso”, señaló en diálogo con Ideeleradio.

Silva del Carpio cuestionó, en ese sentido, la decisión del TC que declara fundada la demanda competencial planteada por el Parlamento contra el Poder Judicial, y señala la nulidad de las resoluciones emitidas, por ejemplo, en el proceso de amparo referido al procedimiento de selección del defensor o defensora del Pueblo.

“El TC acaba de declarar fundada la demanda competencial que el Congreso presentó ante este organismo en contra de diversas decisiones del Poder Judicial que, por ejemplo, suspendieron el proceso de elección del defensor del Pueblo, que impidió la reforma que el Congreso quería llevar adelante en relación a la Sunedu y también los procesos de amparo que impedían la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público. Con la decisión del TC, según su nota de prensa, por mayoría de cinco votos, esas decisiones del Poder Judicial son ahora nulas”, declaró.

“Y, además, exhorta y pone en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia esta sentencia para que proceda, según sus competencias, a evaluar el comportamiento funcional de los jueces que han emitido estos amparos y medidas cautelares, y, finalmente, exhorta al propio Congreso a reformar el artículo 90 de la Constitución y así también su reglamento para incorporar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la Onpe y al jefe del Reniec [como parte de los funcionarios pasibles de ser acusados por la Comisión Permanente]”, apuntó.

La coordinadora del Área Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL) explicó, además, las consecuencias de esta reciente decisión del Tribunal Constitucional.

“Por ejemplo, concretamente la elección de defensor del pueblo, hasta el día de hoy, una nueva comisión lleva no siempre con transparencia, porque no difunde las sesiones en donde toma decisiones, el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo”, indicó.

“Eso también significa que algunas autoridades del sistema de elecciones están ahora sin protección del Poder Judicial en contra de arbitrariedades por parte del Congreso. Eso es lo que significa, en resumen, la decisión del Tribunal Constitucional que, dicho sea de paso, no ha hecho pública su sentencia, no se sabe de quienes son esos cinco votos sin mayoría y mucho menos se sabe cuál es la razonabilidad de la argumentación para esta decisión”, agregó.

Instancias internacionales

La abogada consideró, asimismo, que cabe la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana evalúen esta situación siempre que los directamente perjudicados acudan a dichas instancias internacionales.

“Se pueden hacer medidas legales para poder retroceder en lo que acaba de señalar el Tribunal Constitucional, pero estaría, más que nada, en manos aquellos directamente perjudicados con estas decisiones, porque lamentablemente el Tribunal Constitucional es el juez que cierra el sistema nacional de protección de derechos fundamentales y de argumentación constitucional”, refirió.

“Los directamente agraviados van a tener que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ojalá llegar hasta la Corte Interamericana, pero lamentablemente hasta que llegue una decisión por parte del sistema supranacional, el Congreso va a tener carta blanca de hacer lo que quiera en estos aspectos, y sin ninguna duda ante esta decisión del Tribunal, el Poder Judicial debiera pronunciarse en defensa de sus fueros”, manifestó.

Que se pronuncie el PJ

Finalmente, subrayó la necesidad de que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, y otras instituciones se pronuncien tras esta decisión del TC.

“Entonces, es importante que la Presidencia del Poder Judicial, los jueces e incluso también, ojalá las otras instituciones que están involucradas como la Sunedu, como la del Pueblo ojalá se pronuncien, porque lo que ha venido aquí sucediendo es, centralmente, la violación al derecho al acceso a la justicia, la violación a la independencia externa del Poder Judicial y de su autonomía”, enfatizó.

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