Cromwell Castillo - Ideeleradio
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Cuestiona beneficios

Ideeleradio.- Han pasado 29 años y aún no encontramos los restos de mi hijo, denunció Cromwell Castillo, padre de Ernesto Castillo Páez, tras sostener que el Estado incumple el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al conceder beneficios penitenciarios a los policías condenados por la desaparición del joven estudiante, ocurrida el 21 de octubre de 1990.

Fue al cuestionar que los efectivos hayan sido liberados, pese a que fueron condenados por delitos de desaparición forzada y que no han brindado información sobre el paradero de la víctima.

“Han pasado 29 años y todavía no podemos encontrar los restos de Ernesto, a pesar de que han sido identificados los policías que lo detuvieron y han sido sancionados a una condena nada más que de 15 años los tres miembros del vehículo policial y 16 años el jefe del operativo, y que hasta la fecha no ha podido resolver la justicia dónde están los restos de Ernesto, que es una importante medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Cromwell Castillo recordó que el 20 de marzo de 2006 la Sala Penal Nacional dictó sentencia condenatoria de 16 años contra el Coronel PNP (r) Juan Carlos Mejía León y 15 años de pena privativa de libertad contra los suboficiales PNP Manuel Arotuma Valdivia, Carlos De Paz Briones y Juan Aragón Guibovich. Cuestionó que estos hayan comenzado a solicitar beneficios penitenciarios desde el 2013.

“A los pocos años de haber cumplido la condena, ya los estaban liberando, y les estaban concediendo la libertad. El delito de lesa humanidad en su etapa más terrible que es desaparición forzada no tiene derecho a ese beneficio”, explicó.

“Al enterarnos de la liberación de uno de ellos, vimos que había un informe del psicólogo que decía que los tres se habían arrepentido. ¿Qué arrepentimiento es ese? Hay una persona desaparecida y no dicen dónde está. Buscamos que digan la verdad”, remarcó.

Audiencia ante la Corte IDH

Finalmente, confirmó el anuncio de Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL, respecto a que informarán a la Corte Interamericana sobre el incumplimiento de su sentencia de 1997 que señala que es una obligación del Estado peruano de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, así como ubicar y entregar los restos de la víctima.

“La justicia respalda a la víctima. Recurriremos nuevamente a la Corte Interamericana y veremos cuáles son los resultados. Veremos qué otras cosas podemos hacer. Queremos que la ciudadanía sepa acerca de estos casos y cómo se comporta la justicia. Nosotros queremos que se sepa la verdad”, subrayó.

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